Para Romy Chang, el argumento que más enfatizó el fiscal José Domingo Pérez fue la inasistencia del expresidente en anteriores investigaciones por tener residencia en Madrid, España.
El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Alan García, investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht.
Para la abogada penalista Romy Chang, el principal argumento del fiscal José Domingo Pérez fue recordar que en anteriores investigaciones el expresidente ha presentado escritos en lo que justificaba su inasistencia a citaciones del Ministerio Público por residir en Madrid, España, donde realizaba actividades académicas.
"Él (fiscal) indica que cómo hace una investigación a una persona que reside afuera y que, además, como lo indica, por razones académicas no puede venir cuando lo llama. Lo necesita aquí (en el país) y además precisa una serie de diligencias que considera que se tienen que efectuar para poder acreditar o no el delito que le está imputando", señaló a RPP.
Asimismo, consideró que los 100 mil dólares que reconoció haber pagado la empresa brasilera Odebrecht por una conferencia del expresidente en Brasil representa un elemento "valorado" por el juez porque "abre la puerta a una investigación de fondo".
"Lo que el juez ha indicado es que a partir de esta vinculación de los 100 mil dólares existirían indicios que generan la necesidad de una investigación y se justifica que permanezca en el Perú para poder realizar las diligencias que el fiscal ha pedido", opinó.
En ese sentido, calificó a la decisión judicial que ordenó el impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses como "una resolución bastante motivada, pensada, y que ha respetado los presupuestos procesales que las normas peruanas establecen".
"Ahora si se va a poder investigar como corresponde"
El fiscal José Domingo Pérez defendió el pedido de impedimento de salida del país contra el expresidente Alan García como parte de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada. En su sustentación, el representante del Ministerio Público refutó al abogado del exmandatario y aseguró que su despacho se basa en los documentos enviados por la propia empresa Odebrecht.
"No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencias. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht", señaló en la audiencia.
El fiscal señaló que la empresa, al momento de entregar la documentación, detalló una operación "estructurada, construida o confeccionada" a través de contratos de prestación de servicios del 5 de abril del 2012 (conferencia) y recibo del 24 de mayo del 2012.
El representante del Ministerio Público recordó que cuando trató de interrogar a García en el juicio oral seguido ante tercer juzgado unipersonal (expediente 017-2011), en dos oportunidades el expresidente presentó escritos en los que manifestó que residía en Madrid, España, algo que ahora ha sido negado por su abogado en la audiencia donde se decidió el impedimento de salida.
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