Bolivia aclara que homosexuales y bisexuales no son "promiscuos"

Los homosexuales y bisexuales han dejado de ser calificados como "promiscuos" en una normativa en Bolivia, un avance en el reconocimiento de sus derechos según expresó este sábado la Defensora del Pueblo boliviana, Nadia Cruz.

Una decreto de 1997 excluía de la posibilidad de donar sangre a "homosexuales y bisexuales promiscuos", una expresión eliminada recientemente con una nueva norma, explicó la Defensora.

Un decreto modificó esta semana el artículo de la norma de hace más de dos décadas que incluía esa exclusión, por considerar a este colectivo entre los grupos de alto riesgo de contagio de sida, indicó la Defensora.

La modificación garantiza la igualdad de este colectivo, en cumplimiento de la Constitución y de Ley Contra Toda Forma de Racismo y Discriminación de Bolivia, destacó Cruz.

La revisión de la norma era impulsada desde 2016 por la Defensoría del Pueblo en coordinación con colectivos LGBTI del país, ante el Ministerio de Salud de Bolivia, "para revertir la vulneración de sus derechos y la afectación a su dignidad", señaló.

Demandan más derechos

Colectivos como el de transexuales han protagonizado en Bolivia movilizaciones en demanda de sus derechos civiles, como una huelga de hambre en 2017 tras un fallo del Tribunal Constitucional del país que limitaba algunos de ellos.

El fallo sostenía que pueden cambiar datos como su nombre, imagen y e identidad sexual en documentos oficiales, pero sin derecho al matrimonio, la adopción ni la participación política con base en la paridad de género.

La Defensoría del Pueblo presentó ese año propuestas normativas para legalizar en el país una institución similar al matrimonio e incluir los crímenes de odio en el código penal, como demanda la comunidad LGBTI boliviana.

Ese mismo año un tribunal boliviano condenó a 30 años de prisión a un hombre que torturó y degolló a su pareja, una joven transexual, un caso considerado emblemático para la comunidad LGBTI por ser el primero en llegar a estrados judiciales en el país.

EFE