A más de 1 300 menores se les violaron sus derechos durante las protestas en Chile en 2019

Un informe de la Defensoría de la Niñez de Chile denunció este lunes que 1.314 niños y adolescentes sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante la ola de protestas que sacudió al país a fines octubre de 2019, según datos que la organización recopiló desde el Ministerio Público.

A dos años del estallido social, el organismo identificó a la institución de Carabineros de Chile -policía militarizada- con la mayor cantidad de delitos denunciados, concentrando un 83 % de los casos.

Según el informe de la Defensoría, un 83,2 % de los menores de edad vulnerados en el contexto de manifestaciones tenían entre 14 y 17 años, siendo víctimas principalmente de apremios ilegítimos (72 %), abusos contra particulares (17 %) y tortura y tratos denigrantes hacia niños, niñas y adolescentes (5 %), resultando 35 menores con trauma ocular.

El documento también hace referencia a los "mínimos avances" respecto al procesamiento penal de estos casos, con un 61 % de la causas terminadas a la fecha y solo 1,3 % registrando salidas judiciales.

Por otro lado, un 49 % del total de casos ha terminado en "Archivo Provisional", habiendo una sola causa con sentencia definitiva.

Los avances en la identificación de agentes del Estado involucrados en estos delitos y vulneraciones a los derechos humanos también es deficiente según la organización: el 1 % del total cuentan con formalización en contra de un funcionario policial y un 5 % tiene un imputado conocido.

"La falta de verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos no es algo que solo afecte profundamente sus vidas en particular; es algo que va socavando a toda la sociedad y que, como país, no podemos permitir", señaló la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

"Como Defensoría de la Niñez hemos querido una vez más revelar la situación de los más de mil niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en el contexto del estallido social y denunciar el abandono y desprotección por parte el Estado en que aún se encuentran", agregó.

CRISIS SOCIAL Y VIOLENCIA ESTATAL

El estallido social de octubre de 2019 contra el modelo neoliberal en Chile se transformó en la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejando una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de incendios y saqueos.

Diversos organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) denunciaron violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, específicamente fuerzas policiales antidisturbios encargados de sofocar las protestas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por Amnistía Internacional, a fecha de marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial.

El proceso constituyente que actualmente se da en el país fue la vía política que encontraron los parlamentarios para amainar esta crisis social.

La Convención Constituyente que trabaja en la nueva Carta Magna se instauró en julio de este año y su objetivo es redactar antes de mayo de 2022 la nueva Constitución que sustituirá a la actual, vigente desde la dictadura militar y concebida como el origen de las graves desigualdades por las que tuvieron lugar las protestas.

(Con información de EFE)

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