por Redacción RPP
·El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para presos políticos en episodios de crisis entre 2002 y 2025, presentada por el oficialismo como un paso hacia la reconciliación, aunque organizaciones no gubernamentales y figuras de la oposición la critican por sus exclusiones y limitaciones.
La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del chavismo, aprobó por unanimidad este jueves una histórica ley de amnistía que busca beneficiar a personas vinculadas a hechos políticos ocurridos entre los años 2002 y 2025.
Esta medida se produce en el marco del denominado "nuevo momento político" liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas de Estados Unidos.
Desde el palacio de Miraflores, la mandataria celebró la legislación como una vía para el reencuentro nacional, instando a los diversos organismos del Estado a proceder con la máxima celeridad en su aplicación.
"Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento", añadió tras rubricar la legislación la presidenta encargada.
Sin embargo, el optimismo del Gobierno chavista contrasta con las profundas reservas manifestadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos de la oposición, quienes califican el instrumento legal como insuficiente, sesgado y restrictivo.
La principal crítica se centra en el artículo 9 y 10 de la normativa, que establecen un amplio catálogo de exclusiones que impiden el beneficio a quienes estén señalados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional o corrupción, así como a aquellos acusados de promover acciones armadas o de fuerza contra la soberanía nacional con apoyo extranjero.
"Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza", señaló el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo.
"Advertimos que no bastaba un anuncio ni una narrativa de reconciliación si el contenido mantenía filtros, condicionamientos y ambigüedades capaces de dejar por fuera a quienes más necesitan justicia", agregó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Como se sabe, organismos de derechos humanos y opositores al régimen han denunciado sistemáticos procedimientos del régimen para encarcelar a sus enemigos políticos a través de acusaciones falsas o armadas, o a partir de leyes creadas para reforzar el aparato represor, como la 'Ley contra el Odio' que ha llevado a la cárcel a personas que eran descubiertas con mensajes contrarios al chavismo en sus teléfonos celulares, entre otros supuestos delitos.
"Insuficiente y sesgada"
Otro punto de fricción es el requisito establecido en el artículo 7, el cual obliga a los potenciales beneficiarios a presentarse ante los mismos tribunales que los procesaron para solicitar la medida.
La oposición sostiene que esta exigencia revictimiza a los perseguidos políticos y cuestiona que la libertad dependa de los mismos funcionarios judiciales que han mantenido los retrasos procesales.
Además, se critica que la ley sea aplicable únicamente a trece eventos y coyunturas políticas específicas, lo que dejaría en el limbo a numerosos detenidos que no encajan en esos hitos históricos precisos.
"La ley aprobada hoy es insuficiente y sesgada, no podemos descansar ni ceder en los esfuerzos por la defensa de la libertad y una verdadera justicia transicional", señaló el partido Primero Justicia.
En medio de este debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió que la 'Ley contra el Odio' ha sido objeto de malas aplicaciones, sugiriendo una posible reforma.
Mientras tanto, familias de los detenidos en centros como la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana celebraron con cautela la aprobación, levantando huelgas de hambre que mantenían por razones de salud, con la esperanza de que sus allegados formen parte de los beneficiados por los tribunales en el plazo de quince días que fija la nueva ley.
Caso de liberación: Juan Pablo Guanipa
El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, anunció su libertad plena tras la aprobación. "Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena", dijo Guanipa en su cuenta de X. No obstante, consideró que la ley "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente encarcelada.
"Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria", indicó.
Guanipa fue liberado hace casi dos semanas en el proceso de excarcelaciones, pero detenido nuevamente y puesto en arresto domiciliario por "generar violencia", según el ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello.
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