La mandataria encargada ordenó la liquidación de entes emblemáticos creados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La medida busca reorganizar el Despacho Presidencial tras los cambios políticos iniciados en enero.
En el marco de una reorganización del Despacho Presidencial, Delcy Rodríguez, actual encargada del Ejecutivo en Venezuela, ordenó la supresión y liquidación de seis misiones sociales a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial.
Esta medida administrativa se produce en un contexto de transformación institucional tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, situación que ha derivado en una colaboración entre las autoridades venezolanas y la administración de Donald Trump.
La decisión afecta a organismos que fueron pilares de la gestión social durante las últimas décadas, incluyendo entidades fundadas tanto por el fallecido Hugo Chávez como por Nicolás Maduro.
Entre los entes disueltos se encuentran la Fundación Jóvenes de la Patria Robert Serra, orientada al desarrollo juvenil y su vinculación con el PSUV, y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, encargada de obras de vivienda y atención de emergencias sociales.
La medida también alcanza a Propatria 2000, dedicada a la infraestructura comunitaria, y a la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa, que coordinaba labores cívico-militares en áreas estratégicas como la agroalimentaria y la farmacéutica.
"Se ordena la supresión y liquidación de los siguientes entes adscritos y órgano desconcentrado del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno", dice el documento.
La reorganización incluye además el cierre del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, que centralizaba información de inteligencia para la toma de decisiones presidenciales, y la Fundación José Félix Ribas, cuyas funciones de tratamiento de adicciones ya habían sido transferidas a la Misión Negra Hipólita.
Por otro lado, la misión Nueva Frontera de Paz, creada originalmente en 2015 para intervenir en zonas limítrofes, no será liquidada sino transferida al Ministerio para las Relaciones Exteriores con el fin de mantener la protección contra el narcotráfico y el paramilitarismo.
"Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos", señala el decreto.
Implicaciones políticas y administrativas
El proceso de liquidación tendrá una duración establecida de noventa días y será gestionado por una junta liquidadora específica, de acuerdo al decreto.
La decisión se suma a una serie de decretos firmados por Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, los cuales han incluido reformas a la ley petrolera y el cambio de titularidad en el Ministerio del Despacho de la Presidencia, ahora bajo el mando del capitán Juan Escalona.
El fundamento legal de estas acciones reside en la necesidad de adaptar la estructura del Ejecutivo a las nuevas directrices de orden social que rigen la transición política en el país.
La reacción de los sectores de oposición no se ha hecho esperar ante lo que consideran un cambio de rumbo drástico dentro de las estructuras del poder.
El partido Primero Justicia se pronunció este domingo y calficó la medida como un "desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo".
En ese sentido, señaló que se trata de una acción contradictoria dentro del seno del propio movimiento gobernante y exigió transparencia total sobre el destino de los activos y recursos de las misiones liquidadas.