José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de la CIT Perú, precisó que nuestro país vive una coyuntura diferente a la de El Salvador. Por ello, el gobierno peruano debe diseñar una estrategia propia contra la delincuencia que esté enfocada básicamente en la planificación, prevención y represión.
Del 28 al 30 agosto se llevará a cabo en nuestra capital la X Misión Internacional de Ciudades Seguras, evento donde alcaldes de El Salvador y Ecuador se reunirán con burgomaestres de Lima y Callao a fin de compartir sus "experiencias exitosas" en materia de seguridad ciudadana. "Estamos con una delegación de alcaldes de El Salvador y Ecuador que han llegado a Lima para compartir experiencias exitosas en seguridad ciudadana con los municipios de Lima Metropolitana. Específicamente este es un programa de intercambio de experiencias y fortalecimiento municipal (...) El día de hoy también se están firmando convenios de cooperación técnica entre los municipios peruanos con la municipalidad de Santa Ana (El Salvador)", detalló José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo (CIT Perú).
Saavedra aclaró que este evento no tiene la intención de traer o promover el llamado 'Plan Bukele' en el Perú, sino su objetivo es que las autoridades peruanas conozcan más a detalle las políticas que permitieron al país centroamericano reducir los índices de criminalidad. "Básicamente el Perú tiene una coyuntura diferente. Creo que como peruanos debemos diseñar una estrategia propia enfocada básicamente en lo que es planificación, prevención y represión con las leyes que tenemos", sostuvo el funcionario.
El presidente ejecutivo de la CIP Perú espera además que en este evento puedan participar las autoridades policiales que trabajan muy de cerca en el tema de la seguridad ciudadana, pues su papel es muy importante en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, espera que el presidente del Poder Judical, Javier Arévalo, asista al conversatorio para que pueda conocer las políticas que se han implementado en El Salvador respecto a la administración de justicia.
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