Congresistas y organizaciones indígenas piden al Gobierno observar la modificatoria a la ley de las ONG

Un grupo de congresistas, organizaciones indígenas y colectivos de la sociedad civil hicieron un llamado al Ejecutivo para que observe la modificatoria de la ley que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), recientemente aprobada por el Congreso. 

Aseguraron que la norma plantea un “control excesivo” al uso de fondos de cooperación internacional, afectando “crucialmente el apoyo en temas como medio ambiente, inclusión social, salud y gestión de riesgo de desastres”.

En un comunicado, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que un punto cuestionado es que toda actividad financiada con cooperación internacional deberá contar con aprobación previa del APCI, lo que abriría la puerta a una discrecionalidad abusiva en la ejecución de los fondos

“Muchos financistas podrían decidir pausar o cancelar su cooperación, derivando sus recursos a otros países”, dijo Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR.

Che Piu Deza también advirtió que las nuevas reglas pueden limitar seriamente la participación de los ciudadanos en temas ambientales. “Esta no sería una norma contra las ONG, sino contra todos los que aspiran a un ambiente sano y equilibrado, y a un desarrollo sostenible”, enfatizó. 

Preocupación en comunidades indígenas

Por su parte, la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, expresó su rechazo a la promulgación de la modificatoria de la ley APCI, afirmando que la medida favorece a intereses políticos que buscan acallar voces críticas.

“Las dictaduras se asientan cuando se arrancan derechos”, señaló, y calificó la norma como una “herramienta autoritaria que restringe la libertad de expresión y dificulta el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de abusos.

Por su parte, la congresista Susel Paredes alertó que el cambio no afecta a todas las ONG por igual, sino principalmente a las que brindan apoyo legal. 

A su turno, Teresita Antazú, miembro del Consejo directivo de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), mencionó que los cambios legales forman parte de una serie de normas que debilitan los derechos de sus pueblos.

“Nosotros vemos un oscuro amanecer”, dijo, y recordó que sin el respaldo de organizaciones internacionales, casos emblemáticos como el Baguazo no habrían tenido asesoría jurídica, y advirtió que se están preparando para realizar acciones legales y denunciar la situación a nivel nacional e internacional.

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