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"Consorcio Piura-Castilla no está investigado por organización criminal", dice representante legal

El Consorcio Piura Castilla está integrado por la empresa China Tiesiju Civil Engineerin Group.

En entrevista con RPP Noticias, Pablo Rioja, representante legal del consorcio, cuestionó que el Ministerio de Vivienda haya anulado la licitación en obras de agua y saneamiento en Piura, luego de que la ministra Pérez de Cuellar denunciara irregularidades en el otorgamiento de la obra.

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El Consorcio Piura-Castilla, integrado por la empresa China Tiesiju Civil Engineerin Group, se mostró sorprendido por las recientes declaraciones que ofreció la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar a RPP Noticias en las que dijo que las observaciones al contrato responden a una serie de irregularidades dentro de este sector.

Pablo Rioja, representante legal del Consorcio Piura-Castilla, respondió, sin embargo, que el pasado 31 de mayo el tribunal de contrataciones del Estado emitió una resolución donde dejó sin efecto la nulidad del contrato. Asimismo, recordó que esta licitación fue revisada por el OSCE, organismo que, según sus palabras, avaló el proceso.

"A nosotros nos sorprende que luego de medio año de gestión la ministra recién reaccione en este momento cuando la buena pro ha sido otorgada el 8 de febrero", cuestionó.

"Tampoco se pueden declarar nulidades por cualquier razón. La ley de contrataciones del Estado sí prevé que se pueda declarar nulidades, por ejemplo, por corrupción, pero por corrupción probada, y ninguno de los integrantes, ni de Tiesiju ni de JPC (consorcio), están vinculados al caso 'Los Niños' o cualquier otro caso que sea organización criminal", apuntó.

En otro momento, el representante legal del consorcio de la obra que tuvo a su cargo la ejecución de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la región Piura por el monto de 561 millones de soles, destacó que no ganaron la licitación "por 20 céntimos de diferencia", sino "por más de 7 millones de soles de diferencia".

Pablo Rioja señaló que el consorcio está dispuesto a que se revise el caso para evitar "un contrato que se convierta en un problema"; no obstante, insistió en que el OSCE ha avalado el proceso de licitación. Pese a esto, dijo tomar "con preocupación" las declaraciones de la ministra de Vivienda pese a que ya exista un pronunciamiento legal.

"Ni los miembros directivos de Tiesiju, ni los miembros de JPC, que son empresas con muchos años operando en el país, están siendo investigados por ningún acto ilícito ni forman parte de ninguna organización criminal, como de alguna manera tendenciosa se está queriendo aprovechar para descalificarlos. Ellos han ingresado una carta fianza por 56 millones para demostrar que tienen la capacidad financiera para ejecutar este proyecto", indicó.

Fiscalía realizó diligencias preliminares

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción de Lima realizó diligencias preliminares por las presuntas irregularidades en el proceso de otorgamiento de la buena pro para la ejecución del "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Piura"., el cual fue denunciado por el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el equipo fiscal recabó documentos de orden público en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la finalidad de encontrar datos referidos a las empresas vinculadas con el mentado proyecto, el cual está valorizado en 561 millones de soles.

Cabe remarcar que el otorgamiento de la buena pro se le concedió al Consorcio Piura Castilla, el cual está integrado por la empresa China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. sucursal Perú, y JPC Ingenieros SAC.

Por su parte, mediante un comunicado, el Ministerio de Vivienda informó que brindó todas las facilidades a la Fiscalía para que realice las diligencias correspondientes.

"Frente a los casos de corrupción heredados, el Ministerio de Vivienda ratifica su total compromiso con una lucha frontal contra este flagelo que atenta, principalmente, contra la población más vulnerable y su derecho fundamental a contar con los servicios básicos de agua y saneamiento", indicó el documento.

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