De ellos, 219 se encuentran en estado activo, señaló Pablo Castillo, de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales. Hay pocos canales para tramitarlos, alertó.
"Un conflicto social para la Defensoría está determinado como un proceso complejo, donde actores del Estado y también por parte de la sociedad perciben que sus intereses, sus valores y sus necesidades se encuentran contradictorias. Eso puede generar violencia", comentó en RPP.
"Por eso nosotros le damos mucha importancia al sistema de monitoreo y alerta temprana que permite a la ciudadanía que puedan acceder a nuestra página web y sepan lo que acontece día a día", agregó.
Castillo consideró que "hay muy pocos canales" para tramitar y canalizar los conflictos sociales en el país. "Por eso, fomentamos en coordinación con algunos gobiernos regionales y locales primero el fortalecimiento de capacidades en los técnicos y segundo la instalación de algunas oficinas", señaló.
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