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Ejecutivo cancela concesión minera en Puno tras un mes de protestas

Foto: RPP (referencial)
Foto: RPP (referencial)

Ministerio de Energía y Minas informó que se emitirá un decreto que derogue el citado proyecto, y otro que establecerá que toda concesión minera deberá contar con la aprobación de la población de la zona.

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El Ejecutivo canceló el proyecto minero Santa Ana, desarrollado por la minera canadiense Bear Creek en la región de Puno, en un paso que busca terminar con la huelga contra la minería que se desarrolla en dicha región desde hace más de un mes.

Según informó el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado, el Gobierno emitirá un decreto que derogue el citado proyecto de plata y otro que establecerá que toda futura concesión minera y petrolera deberá contar con la aprobación de la población de la zona, a través de un proceso de consulta.

Los dos acuerdos fueron alcanzados durante las negociaciones que desde el jueves mantienen en Lima una comisión del Ejecutivo con los representantes de los huelguistas, que en su mayoría pertenecen a la etnia aimara.

El comunicado precisa que los títulos de concesiones mineras y de hidrocarburos existentes en Puno "no autorizan por sí mismos a realizar" las actividades extractivas y exploratorias, "ya que previamente debe efectuarse el proceso de consulta con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas".

Supeditar la actividad minera a la consulta previa es uno de los mayores reclamos que los indígenas peruanos mantienen en Perú y que se adscribe al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por el país suramericano.

Los dos decretos, que se publicarán mañana, buscan facilitar el fin de la huelga indefinida que mantienen desde hace más de un mes en el sur de Puno, y que ha incluido el cierre del principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia.

Sin embargo, hasta el momento las medidas de fuerza continúan en esta región, donde hoy al menos dos personas fallecieron cuando un grupo de manifestantes trató de tomar el aeropuerto de la ciudad de Juliaca.

El dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conami) en Puno, Pablo Salas, señaló a Efe que los anuncios del Ejecutivo son un avance, pero explicó que algunos puntos aún no son satisfactorios.

Por ejemplo, el dirigente indicó que se busca que la consulta se realice en procesos de negociación entre las comunidades y las empresas, cuando lo que ellos plantean es realizar un referéndum.

Aún así, Salas afirmó que ahora los decretos serán analizados por las comunidades afectadas, después de lo cual se decidirá si continúan con las medidas de protesta o las finalizan.

Otra posibilidad es que se decida suspender la huelga hasta después del 28 de julio, cuando el presidente electo, Ollanta Humala, comenzará a gobernar.

Del mismo modo, Salas afirmó que los nuevos anuncios del Ejecutivo surgen de la mesa de negociación abierta con los grupos aimaras del sur de la región de Puno, mientras que los representantes de la etnia quechua provenientes de otras zonas aún continúan negociando sin lograr acuerdos.

"El gobierno lo que está haciendo es dividirnos, cuando hemos debido negociarlo en conjunto. No somos intransigentes, simple y llanamente el espíritu es que nos comprendan a nosotros", afirmó el dirigente de Conami.

Salas también lamentó las muertes registradas hoy en Juliaca, especialmente en un día que coincide con la celebración del día del campesino.

"Hoy día es 24 de junio, día de los campesinos, día de los indios; sin embargo, el gobierno nos da esta respuesta de eliminar a ciudadanos", afirmó Salas, quien señaló a infiltrados como los responsables de los actos vandálicos y que los manifestantes tratan, según dijo, de evitar. EFE

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