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Según la Asociación Nacional de Periodistas, de enero a julio de 2025 se han reportado 180 ataques a periodistas de todo el país incluyendo el asesinato de dos de ellos. A esto se suma las diversas iniciativas desde el parlamento que atentan contra el trabajo periodístico.
La Comisión de Justicia del Congreso debatirá una iniciativa que busca sancionar a periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones si el contenido no es de interés nacional. La propuesta, gestada desde el mismo parlamento, constituye un nuevo intento de las autoridades políticas por intervenir en el trabajo periodístico.
Se trata de una práctica que parece haberse convertido en hábito, según lo indica Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
“Pero además tenemos un Congreso de la República que, en los últimos cuatro años, cada 60 días, ha presentado un proyecto de Ley que tiene impacto en las libertades informativas. Quizás la más grave, porque podría aprobarse en cualquier momento, es la 'Ley Mordaza'”, señaló.
La ‘Ley Mordaza’ es un proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Comisión Permanente este año 2025 y podría ser ratificado por el pleno del Congreso. Dicha iniciativa legal es quizás uno de los intentos más serios del Congreso por regular el trabajo periodístico, ya que endurece las penas por difamación hasta con cinco años de cárcel.
De otro lado, la Procuraduría Anticorrupción solicitó recientemente al Ministerio Público el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos periodistas, en el marco de una investigación que involucra a la fiscal Marita Barreto. Al respecto, el abogado Alberto Cruces, especialista en libertad de prensa y expresión, señaló que las denuncias por difamación que podrían resultar en prisión efectiva, así como las iniciativas legislativas adversas al trabajo periodístico, buscan generar autocensura entre quienes se dedican al periodismo.
“Finalmente una carga tan potente desde la legislación, los procesos judiciales, las continuas dificultades que tiene que sufrir el periodista, lo que termina generando es una decisión que es una decisión práctica: ya no voy a investigar a aquellos poderosos”, manifestó.
Zuliana Laines indicó que anualmente entre 30 a 35 periodistas de todo el país son enjuiciados por su labor. El tiempo de duración de estos procesos, por lo general por difamación, son largos y extenuantes.
“Y después, al finalizar esos procesos, de esos 30 a 35 periodistas que son llevados a tribunales, el 80% sale absuelto. Lo que demuestra que no se ha llevado a tribunales a difamadores, se ha llevado a periodistas por hacer su trabajo”, expresó.
También, desde el parlamento, en 2024 se presentó una iniciativa para que representantes del Congreso y el Poder Judicial, sean incluidos en el directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú, medida que atenta contra la independencia de los medios estatales según el Consejo de la Prensa Peruana.
Fernando Carvallo, periodista de RPP, puntualiza además que muchas veces desde el Ejecutivo y Legislativo existen conductas hostiles contra el trabajo de la prensa, por revelar y difundir denuncias que involucran al poder. Esto sin contar el limitado contacto de la Jefa del Estado, Dina Boluarte, con los periodistas: hace más de 6 meses que la presidente no ofrece una conferencia de prensa.
“Como sabemos, hemos llegado a unas tasas de aprobación muy bajas, tanto para el Ejecutivo como para el Congreso. La prensa no puede sino expresar eso. Pero las autoridades oyen a la prensa, le echan la culpa a la prensa”, aseguró.
A todo esto, se suma que 2025 ha sido un año trágico para la seguridad de los periodistas. El 20 de enero, el comunicador iqueño Gastón Medina fue asesinado a balazos en la puerta de su casa. El 7 de mayo, Raúl Celis corrió la misma suerte en Iquitos. Ambos habían denunciado la corrupción en sus gobiernos locales y a bandas criminales a través de los programas de radio que dirigían.
La libertad de prensa en el Perú atraviesa un momento complejo, marcado por iniciativas legislativas adversas, la judicialización del trabajo periodístico y una creciente violencia contra los comunicadores. En un contexto donde informar se ha vuelto una labor de riesgo, defender la libertad de expresión es, hoy más que nunca, defender la democracia.
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