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por Freddy Chávarry
·En Tema de Fondo, expertos evaluaron cómo el incremento de la delincuencia a nivel nacional ha puesto al país en jaque y ha desnudado la poca capacidad de las autoridades e instituciones del Estado para enfrentarla.
La inseguridad ciudadana que se vive actualmente en el Perú "es más violenta de lo que era hasta hace solo cinco meses" y se ha visto reflejada en el aumento de la criminalidad y en los casos de extorsiones en el transporte público y colegios en diferentes partes de la capital, explicó en RPP José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe.
"La gota que ha rebalsado el vaso es este atentado contra una agrupación como Armonía 10 (...) El ministro, por estar defendiendo casos personales, por estar de escudero de la presidenta, descuida la estrategia integral de seguridad ciudadana que el Perú ya debería estar poniendo en marcha", manifestó en Tema de Fondo.
En lo que va del año, 2 633 bandas criminales fueron desarticuladas y más de 73 mil delincuentes han sido detenidos a nivel nacional; pero, para Saavedra, estas cifras no tomarían en cuenta el índice de quienes podrían haber recobrado su libertad por fallidos procedimientos administrativos.
"Puede ocurrir dos efectos. Uno, el efecto de puerta giratoria, que es que desarticulan una banda, llegan al Ministerio Público, a la Fiscalía, e inmediatamente, o pasado un par de días, son liberadas muchas de ellas por falta de diferentes temas: procedimientos administrativos o incluso por falta de pruebas", afirmó.
Asimismo, sobre los 475 homicidios registrados en lo que va del año, afirmó que esas cifras que no se han reportado en el país "desde la época del terrorismo".
"Lima tiene la mayor cantidad de asesinatos por sicariato y esto está desbordado básicamente por el tema de las extorsiones y por el dominio de plazas, de bandas criminales, de diferentes organizaciones criminales, ya sea de trata de personas o de narcotráfico", dijo.
Esta escalada podría adquirir mayor notoriedad con miras al 2026, pues advirtió que con la cercanía de las elecciones, las organizaciones criminales podrían apuntar a aquellos candidatos que adopten un discurso para combatir la delincuencia, como ocurrió en Ecuador con Fernando Villavicencio.
"Si no se toman medidas en este momento, porque ya han sido los médicos, los profesores extorsionados, los cantantes de cumbia, próximamente van a ser los candidatos presidenciales que quieran enfrentarse al crimen organizado", precisó.
¿Qué se necesita para enfrentar la criminalidad?
Para Lucía Ñuñovero, criminóloga de la PUCP, el incremento de la criminalidad se viene repitiendo en otros países de Latinoamérica, donde la corrupción ha permitido su avance mediante la impunidad de las autoridades y el amedrentando a sus poblaciones.
Agregó que la respuesta de las autoridades peruanas es "lenta" en comparación con países como Colombia, Ecuador y Chile, en donde la Policía, Fiscalía y otros entes estatales cuentan con la respuesta adecuada para estos casos.
Para medirse contra ella, consideró que se requiere un "liderazgo íntegro" desde la Policía Nacional para que la ciudadanía recobre la confianza en la institución, al igual que en la Fiscalía y el Poder Judicial.
"No es posible que vayan, están siendo extorsionados en varios de nuestros conos de Lima y no pueden ir a la comisaría más próxima porque saben que están coludidos", sentenció.
Este trabajo debe ir de la mano con adoptar herramientas tecnológicas para luchar contra las organizaciones criminales que se han amparado de recursos de inteligencia e información, así como la gestión de los mismos.
"Si no podemos gestionar en cuatro años construcciones de cárceles, grilletes electrónicos, no podemos gestionar lo que son compras necesarias e importantes para todo lo que es la lucha contra el crimen organizado de avanzada, todo lo que es inteligencia criminal", remarcó.
En tanto, Alfonso Llanos, exjefe de la División de Investigación Criminal de Piura, manifestó que la lucha contra la delincuencia se ha convertido en un problema "de Estado", para lo cual coincidió en que la solución debe ser "integral".
Así, realizó una comparativa de la situación actual con lo vivido en el país durante la época del terrorismo, asegurando que un trabajo de esta índole permitió la captura de sus cabecillas, por lo que remarcó que ninguna estrategia será efectiva si se sigue "politizando" la lucha contra la delincuencia y si esta no adquiere la importancia necesaria desde todos los poderes del Estado.
"Los entes del Estado que deben sentarse a la mesa para poder estudiar, analizar jurídicamente qué herramientas necesitamos para que los operadores de justicia puedan trabajar, no aquellas que ayer se han anunciado de manera espectacular, que solamente sabemos que son decisiones populistas", mencionó.
Delincuencia en regiones
Para el coronel Roger Torres, exjefe de la Región Policial La Libertad, en Trujillo la delincuencia ha logrado superar en capacidad a la Policía Nacional. Pese a que, en su momento, el coronel Víctor Revoredo fue enviado a esta ciudad, su trabajo se vio frustrado por falta de apoyo.
"El poco apoyo que tuvo en esa oportunidad, la falta de capacidad de tecnología y logística de la Policía, por parte del Gobierno regional, en este caso, y del Ministerio del Interior, no se le dio las herramientas necesarias para poder accionar", comentó.
Incluso, precisó que durante la estancia de Revoredo en Trujillo, se presentaron casos de corrupción al interior del cuerpo policial, tras lo cual se dispuso el cambio de 100 efectivos desde el Ministerio del Interior, lo que terminó por debilitar su labor.
Asimismo, tras el atentado a la sede del Ministerio Público en esta ciudad, se estableció el denominado 'Plan Cuadrante' en 70 territorios vecinales de esta jurisdicción, el cual contó con el aporte de camionetas y motos por parte del Gobierno Regional de La Libertad, en coordinación con el patrullaje del Serenazgo. Sin embargo, Torres dijo que aún falta logística para su correcta aplicación, pues este "debe ir de la mano con el aspecto tecnológico".
Por su lado, el especialista en Seguridad Ciudadana, Guido del Carpio, indicó que la delincuencia "ha crecido demasiado" en el sur del Perú con la instauración de bandas criminales en Arequipa, Cusco, Puno, en donde se vienen registrando niveles de extorsión y sicariato "nunca antes vistos".
Atribuyó este crecimiento a la falta de planificación y al "abandono" de las autoridades a las regiones, malestar que es compartido por la población en este sector del país.
"Lamentablemente, no ha habido un planeamiento de las autoridades regionales, municipales, distritales, de hace ya gestiones atrás, y las actuales, que realmente no llegan a organizarse, no llegan a unirse para exigir al Gobierno central, al Mininter, recursos. Porque acá no hay recursos", refirió.
Una situación similar se vive en Piura, según Alfonso Llanos; en donde, en la actualidad, se ha sumado lo que denominó como "sicariato importado".
"El delincuente común que se junta con dos o tres y comienza a extorsionar a bodegueros, panaderos. Y esto, reitero, no se está analizando y no se está efectuando herramientas legales para que los operadores de justicia puedan ser más agresivos en su intervención, detención y sobre todo en el juicio que les corresponda", indicó.
La experiencia ecuatoriana
El exministro del Interior de Ecuador Juan Zapata Silva comentó cómo es que en este país la delincuencia común pasó a convertirse en crimen organizado. Reveló que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo énfasis en este fenómeno hace casi 18 años.
De acuerdo con Silva, las bandas criminales se vieron beneficiadas por una aparente desidia del Gobierno, que les permitió adquirir poder económico y político hasta poner en jaque al Estado.
"Ecuador sigue enfrentando el crimen organizado con leyes que se hicieron para delincuencia organizada. ¿Por qué? No les interesaba a los asambleístas porque muchos estaban trabajando para el crimen organizado", sostuvo.
Agregó que en Ecuador acaban de vivirse "los 70 días de mayor violencia en la historia del país", con más de 1 800 muertes violentas en 2025, y consideró que los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa no han sido lo que se esperaba.
En esa línea, criticó que los actores políticos en Ecuador han optado por "politizar la seguridad" y moverse bajo su conveniencia política, e incluso, de la influencia que ejercen las organizaciones criminales sobre ellos.
"Vemos que desde la Asamblea no existe el apoyo, e insisto, con el caso ya de asambleístas definitivamente involucrados y sentenciados por haber tenido estos nexos con el crimen organizado, pues nos da la pauta de que lastimosamente la Asamblea tampoco trabaja en estos temas", aseveró.
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Freddy Chávarry Periodista
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