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por Paloma Verano
·El Congreso de la República tiene que decidir si aprueba o no, en segunda votación, el último dictamen presentado por los congresistas Segundo Montalvo y Katy Ugarte, conocido como "Ley Mordaza". Desde el inicio de este periodo legislativo, se han presentado al menos nueve proyectos de ley que atentan directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. RPP Data analiza cuáles son y quiénes son sus autores en la siguiente nota.
Desde 2021, el Congreso de la República ha presentado al menos nueve proyectos de ley que ponen en riesgo la libertad de prensa y, con ello, el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados. Estas iniciativas buscan controlar los contenidos que se difunden en medios de comunicación, de acuerdo con expertos consultados para este informe.
A continuación, un análisis realizado por RPP Data sobre estos proyectos de ley, sus autores y las denuncias que pesan sobre ellos.
Proyectos presentados
El caso más reciente es el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia que agrupa los proyectos de ley 4431/2022-CR y 6718/2023-CR impulsadas por las bancadas de Perú Libre y Bloque Magisterial. ¿Qué plantea este dictamen? Tres cambios fundamentales:
- Aumentar las penas por difamación cuando estas se cometan a través de la prensa, páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación. Con esta propuesta, la pena de cárcel pasaría a ser de entre 3 a 5 años, además de una multa de 120 a 365 días. Con la ley actual, la pena de cárcel por caso de difamación era de entre 1 a 3 años y la multa continúa siendo la misma.
- Reducir el plazo de siete días a solo un día como tiempo límite para que un periodista cumpla con una rectificación.
- Si la persona afectada así lo decidiera, la rectificación deberá ser difundida durante tres días consecutivos o interdiarios.
Los autores de estos proyectos son los congresistas Segundo Montalvo (Perú Libre) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial), quien fue suspendida del Parlamento por 30 días tras recortar el sueldo de sus trabajadores. Esta iniciativa ya ha sido aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso con 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones.
Proyectos de Perú Libre
- El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, propuso otra iniciativa en junio de 2023, con la que buscó aumentar la pena por difamación agravada hasta cuatro años de prisión a través del proyecto 2862/2022-CR. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Pleno del Congreso en segunda votación.
- La congresista María Agüero, por su parte, propuso a inicios de este año que los medios estén obligados a declarar todos los años sus fuentes de financiamiento al Poder Ejecutivo con el proyecto 10208/2024-CR. Agüero también se encuentra bajo investigación por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores y su iniciativa está actualmente en la Comisión de Transporte y Comunicaciones.
Proyectos de Bloque Magisterial
- Además del proyecto de la parlamentaria Katy Ugarte del Bloque Magisterial, el congresista Segundo Quiroz propuso, en 2023, que se sancione con prisión a quienes divulgaran información "confidencial, secreta o reservada" sobre investigaciones penales a través del proyecto 6714/2023-CR. El propio parlamentario retiró su propuesta en diciembre del mismo año.
- Alex Paredes, parlamentario de esta misma bancada, propuso en el 2022 que se aumenten las penas por difamación en prensa y redes sociales hasta por cinco años con posibilidad de cárcel efectiva mediante la iniciativa 4485/2022-CR. Este proyecto fue enviado al archivo en el 2023.
Proyectos de Acción Popular
- La propuesta del congresista Jorge Luis Flores Ancachi busca prohibir que periodistas o sus familiares puedan contratar con el Estado durante un año después de haber ejercido el cargo. Él fue suspendido de sus labores en el Congreso durante 30 días por recortar el sueldo a sus trabajadores, y ahora su proyecto, de número 7437/2023-CR, es revisado en las Comisiones de Economía y Fiscalización.
- Luis Aragón, por su parte, presentó en el 2023 una iniciativa que buscaba regular la publicidad estatal, permitiendo solo a los periodistas colegiados prestar servicios y limitando el acceso a los medios independientes. El proyecto 7942/2023-CR fue posteriormente retirado por el congresista.
Proyecto de Renovación Popular
- La parlamentaria Noelia Herrera de esta bancada presentó el proyecto de ley 4177/2022-CR para crear un Colegio de Periodistas y Comunicadores que exige un título profesional para laborar en medios de comunicación. Esta norma está actualmente en la Comisión de Educación.
En total, la bancada de Perú Libre ha presentado tres proyectos de ley que podrían afectar la libertad de expresión. A ellos se suman otras tres iniciativas del Bloque Magisterial, dos de Acción Popular y una de Renovación Popular.
"Está claramente orientada a amedrentar a periodistas"
En un comunicado a la opinión pública, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), rechazaron las leyes -en específico los proyectos 4431/2022 y 6718/2023 de Perú Libre y el Bloque Magisterial- por afectar la libertad de prensa.
"En clara vulneración a los principios de libertad de expresión e información, la propuesta aprobada [dictamen de Perú Libre y Bloque Magisterial aprobado en primera votación] está claramente orientada a amedrentar a periodistas y comunicadores, al agravar las penas por delitos de calumnia y difamación sobre investigaciones en curso por la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios y servidores públicos", se señala en el documento.
La presidenta de la SNRTV, Michelle Szjner dijo que "Todos los congresistas que han presentado proyectos de ley de esta naturaleza son congresistas investigados. La mayoría vienen del partido Perú Libre y nos tienen acostumbrados a este tipo de iniciativas que van absolutamente contra el desarrollo de los derechos de la prensa, la libertad e información".
La presentación de este tipo de proyectos por parte de los congresistas demuestra un desconocimiento sobre cómo funcionan las normas internacionales para resolver ese tipo de disputas [sobre casos de difamación y rectificaciones], señala por su parte, el abogado Erick Iriarte, presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
"Este tipo de controversias se han ido resolviendo más por la vía civil que por la vía penal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado avanzando sobre este tema. Las iniciativas son una reacción ante la labor de la prensa de observar y cuestionar al poder, más que una protección a una posible afectación a la ciudadanía. Usualmente, quienes más utilizan estos instrumentos son los políticos o funcionarios públicos", opina Iriarte.
Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), consideró que estos proyectos de ley aspiran a controlar la prensa como un acto de revancha. "Esto obedece claramente a una venganza y a un intento de que la prensa no haga su trabajo como lo ha venido haciendo. Es decir, destapando casos de corrupción, mochasueldos, contrataciones irregulares o utilización indebida de los recursos del estado. Hay un conjunto de cuestiones vinculadas a la función de los congresistas que han sido reveladas por la prensa", menciona.
Un riesgo para la ciudadanía
El efecto que este tipo de proyectos puede tener sobre la ciudadanía es directo, porque no solo habla de difusión de contenidos en la prensa, sino también en las redes sociales. El abogado penalista Roberto Pereira lo explica.
"Somos los ciudadanos los que nos vamos a ver directamente afectados con este tipo de medidas porque los medios de comunicación en general podrían tender a no tocar determinados temas o ciertos personajes por el temor de verse sometidos a procedimientos legales -no solo condenas- que van a requerir tiempo y recursos adicionales, una situación en la que nadie quiere estar", sostiene Pereira.
En ello coincide el abogado Erick Iriarte. "Es más una búsqueda no de una censura directa, sino de forzar la autocensura al aumentar las penas y, por lo tanto, hacer que no salgan los reportajes o investigaciones. Creo que ahí es donde están apuntando muchos de estos proyectos", agrega.
Por otro lado, el abogado constitucionalista, Natale Amprimo considera que este tipo de iniciativas no deberían existir, pero a su vez, sostiene que los medios de comunicación también deberían revisar el ejercicio de su labor periodística.
"Yo creo que tiene que haber una reflexión por ambos lados. Uno no puede pretender alterar el rol que le corresponde a la prensa en cuanto a la fiscalización y la transparencia, pero también la prensa tiene que hacer una reflexión de lo que ha ocurrido en el pasado en el Perú. Y hablo de un pasado no tan lejano, sino reciente, en el cual la prensa se ha prestado a ser caja de resonancia de regímenes autoritarios que hacían de la difamación y la vulneración a la dignidad humana una práctica corriente", opina.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden: el Congreso está instalando una peligrosa tendencia en el país.
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Paloma Verano Periodista de RPP Data
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