Tras la reciente denuncia hecha por Manuel Calloquispe, el IPYS, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) acusaron desprotección pese a reiteradas amenazas reportadas contra hombres y mujeres de prensa en el país.
Los gremios de prensa del país cuestionaron el actuar de las autoridades y el Estado respecto a la protección de la labor periodística luego de la reciente denuncia del periodista Manuel Calloquispe, quien ha recibido amenazas de organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal que operan en La Pampa, Madre de Dios, y que, pese a acudir a Policía, Fiscalía y autoridades locales, afirmó no haber recibido el apoyo necesario en un inicio.
En diálogo con RPP, Adriana León, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), mencionó que, tras tomar conocimiento del caso por medio de Calloquispe, coordinó con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) para emitir un pronunciamiento conjunto, con el cual se llamó la atención de las autoridades, quienes a partir de ahí brindaron resguardo al comunicador.
"Nosotros siempre hemos estado ahí apoyando a Manuel y a otros colegas también, pero demandamos, y creo que mis colegas comparten conmigo esta posición, demandamos al Estado una mayor protección a nuestros colegas, en el caso de nosotros, a los periodistas, porque la verdad que están en total indefensión, y eso sí es bastante preocupante", mencionó.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, indicó que pudo conocer de voz del propio Calloquispe que aún no le han otorgado garantías tras estas amenazas, a pesar de que no es la primera vez que es víctima de estos mensajes.
"Quizás esta sea la amenaza más grave, porque antes ha recibido algún mensaje WhatsApp; pero esto ha sido una llamada a su teléfono personal, amenazas de muerte, envíos de las fichas Reniec de sus familiares, amenazas a sus familias. No tiene garantías otorgadas hasta hoy", mencionó.
Lainez recordó que, en 2025, ya son dos los periodistas asesinados en el país -Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos-, además de reportarse recientemente un atentado contra el periodista Carlos Mesías en su domicilio en Huaral, así como la denuncia hecha por la jefa de Investigación de Panamericana, Karla Ramírez, sobre un plan presuntamente orquestado desde la Digimin y Mininter para atentar contra su vida.
"Hoy creo que es deplorable escucharle al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, decir que la periodista está estresada. Así es como ha calificado la denuncia que hace la colega Karla Ramírez. Y este es el escenario en el que se está ejerciendo el periodismo en el Perú", aseguró.
Desprotección del Estado a periodistas
Agregó que, con anterioridad, se sostuvo un diálogo con las autoridades en Madre de Dios para otorgar protección a Calloquispe en su trabajo periodístico; pero la respuesta fue que los propios gremios de prensa debían velar por su bienestar, un síntoma de la desprotección con la que hombres y mujeres de prensa realizan su labor en el país.
Según Adriana León, lo que viene ocurriendo con Manuel Calloquispe se replica cada vez más con muchos periodistas, pues "estamos país donde el crimen organizado está infiltrado por todos lados" y amenaza su labor, dijo.
"Hemos estado en Chiclayo, gente amenazada; en Piura, periodistas amenazados no pueden informar. Cada vez hay más esto que se denomina 'desiertos informativos' por un asunto serio de autocensura, y ahora se nos viene una campaña con el crimen organizado financiando la política, y probablemente sea una complicación para los periodistas", remarcó.
Por su parte, Rodrigo Salazar, presidente del CPP, apuntó que, por el momento, los gremios de prensa en el país solo pueden alertar a las autoridades del Estado sobre el peligro al que están expuestos los comunicadores, al cual recientemente se han sumado funcionarios del Gobierno con ataques y amenazas a la libertad de expresión.
"No olvidemos que también otro de los agresores de periodistas y de la libertad de expresión en general en el Perú es el Estado, es el Congreso, que trabaja con la minería ilegal, es el Poder Ejecutivo con una presidenta que no responde preguntas, con un señor que está hoy en el Ministerio de Justicia que también amenaza y denuncia periodistas. Hay como una suerte de situación perfecta para la agresión que sufrimos todos los días los periodistas, del Estado, del crimen organizado", aseveró.
Con la gravedad que supone el caso de Manuel Calloquispe, Salazar señaló que el Estado "debe tomar conciencia de eso" y no solo dar protección a él, sino a otros muchos otros hombres y mujeres de prensa en regiones avasalladas por la criminalidad.