El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que, a la fecha, el Perú ha recibido S/ 124 millones de indemnización por los actos de corrupción reconocidos por la constructora Odebrecht en cuatro obras.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dispuso que se ejecute el cobro de S/ 22 millones por concepto de la tercera cuota de reparación civil de la empresa Odebrecht a favor del Estado peruano.
En un comunicado, la cartera que lidera Aníbal Torres señaló que este pago ha sido efectuado con fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) constituido en el marco de la Ley N° 30737, conforme al cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz, suscrito por la compañía brasileña con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, y aprobado por sentencia judicial.
"Es así que al pago de esta tercera cuota se suman los S/ 22 millones ya cobrados en el año 2020 y los S/ 80 millones que Odebrecht pagó en el 2019; con lo cual el Estado peruano ha cobrado S/ 124 millones por concepto de reparación civil", detalló.
El Acuerdo de Colaboración Eficaz estableció que la empresa Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con S/760 millones (S/610 millones más S/150 millones de intereses legales, aproximadamente) por cuatro proyectos donde dicha empresa reconoció haber efectuado pagos ilícitos: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, Tramo Callao.
LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
El caso Odebrecht, una de las tramas de corrupción más grandes en la historia de América Latina, ha comprometido a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), el fallecido Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
En septiembre de 2019, El Comercio reveló que, según las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, la constructora entregó documentación a la Fiscalía en la que se registra la entregas de casi 59 millones de dólares en coimas y otros pagos irregulares, que incluyeron aportes a campañas legislativas. Ese pago ilícito no incluiría los 29 millones de dólares que Odebrecht reconoció haber pagado como sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
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