El defensor del Pueblo dijo que el órgano de control del Poder judicial debe actuar para sancionar al juez que liberó a 29 personas que integrarían una banda criminal.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, señaló que la decisión del juez que denegó la prisión preventiva contra las 29 personas que integrarían la banda "Los Monos de Quepepampa" implica un grave incumplimiento del deber estatal de brindar seguridad a la población y luchar contra el crimen.
Pidió que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) implemente de una vez la “hoja de vida del juez”, que permita conocer a la ciudadanía la actuación de todos los jueces del país, y sirva para su evaluación y ratificación. “El CNM debería implementar de una vez la hoja de vida del juez que nos permita conocer los estropicios que realizan determinados jueces para que en su hora no sean ratificados si el órgano de control no los sanciona o destituye”, expresó en una entrevista con Ampliación de Noticias de RPP Noticias.
El deber del Estado. El titular del órgano autónomo dijo que el derecho a la seguridad es una obligación constitucional del Estado y que en este caso el magistrado no ha considerado la gravedad de los delitos imputados, el peligro de fuga, así como la obstaculización del proceso, razones que justificaban la limitación de la libertad de los procesados.
“Con esta decisión, el juez también incumple la obligación constitucional del Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos, tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, manifestó esta vez a través de un comunicado,
Pedido al Poder Judicial. Gutiérrez Camacho indicó que el juez ha puesto en riesgo la posibilidad de penalizar a los responsables de graves atentados contra los derechos de la ciudadanía. “El órgano de control del Poder judicial debe actuar de manera inmediata para sancionar a este magistrado, de ser el caso”.
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