Según un reciente informe de control de la Contraloría, se detectó que más de 10 cámaras de seguridad de dicho penal se encuentran inoperativas. Además, el almacenamiento de las grabaciones solo es por 13 días, cuando la directiva del INPE establece que sean 60.
La gestión gubernamental del presidente José Jerí se ha caracterizado por constantes requisas en diferentes penales a nivel nacional, como parte de las acciones del Ejecutivo para combatir la criminalidad ciudadana. En ese sentido, el jefe de Estado ha anunciado "medidas mucho más contundentes para cambiar la situación" de las cárceles, a través de una próxima reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Como parte de dichas acciones, el pasado 30 de noviembre, las autoridades del penal de Puerto Maldonado, encabezadas por su director Carlos Zuasnabar Gonzales, realizaron una "revisión de ambientes, pertenencias y corporal de la población penal del primer y segundo nivel", encontrando sustancias ilícitas, además de "26 pipas artesanales, 13 encendedores, 1 arma blanca, 14 objetos punzocortantes, 5 cuerdas, 1 cable de electricidad, entre otros objetos prohibidos".
¿Qué está fallando al interior de los penales que aún se sigue encontrando este tipo de materiales ilícitos? Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), publicado el último 23 de diciembre, advierte que el penal de Puerto Maldonado presenta serias deficiencias de seguridad, tanto a nivel interno como externo.
Cámaras y faros inoperativos, fallas en sistema de registro de internos y carencia de equipos tecnológicos
La Contraloría indicó que durante su visita de control a las instalaciones del penal de Puerto Maldonado, que tuvo lugar entre el 15 y 17 de diciembre, "constató la ausencia de visualización de imágenes en la mayoría de las cámaras instaladas en el establecimiento penitenciario".
La entidad especificó que, en una pantalla de monitoreo del penal, se detectó que 8 de 11 cámaras instaladas presentan "el mensaje de error 'Fallo de búsqueda de host de red' y 'se terminó el tiempo para iniciar sesión' asociado a problemas de conectividad". Esto representa "el 72% de cámaras del INPE sin visualización".
En una segunda pantalla de monitoreo - que "corresponde a un sistema de videovigilancia de la empresa INKACEL- se encontró que en 5 de 14 cámaras instaladas se visualiza el mismo mensaje de 'error', lo que representa "el 35.7% de las señaladas cámaras sin visualización".
La entidad de control resaltó que trató de ubicar en las pantallas de monitoreo imágenes de los patios de los pabellones y de las salas de carpintería; "sin embargo, solo se cuenta con visualización de imágenes de uno (1) de los patios de los pabellones, no siendo posible visualizar los demás espacios comunes del establecimiento penitenciario donde se ubican los teléfonos públicos".
Además, la CGR indicó que las grabaciones de los sistemas de video vigilancia "solo permanecen almacenadas hasta trece (13) días", cuando la directiva del INPE establece que deben estar disponibles "hasta los 60 días previos".
Detalle de una de las pantallas de monitoreo con cámaras sin visualización.Fuente: CGR
Asimismo, la Contraloría detectó que "puntos estratégicos para la seguridad penitenciaria" no son posibles de monitorear a través de las cámaras de seguridad, es decir, son "puntos ciegos".
"La vista de la cámara instalada en el muro externo del lado de las puertas de ingreso peatonal y vehicular es bloqueada por un techo aligerado de calaminón, lo cual no permite la visualización de los ingresos y salidas de peatones y vehículos al establecimiento penitenciario", alertó la entidad.
"Además, como resultado de la revisión efectuada al perímetro externo del establecimiento penitenciario [...] se detectó ausencia de cámaras que permitan la visualización del perímetro externo del establecimiento hacia la Av. Circunvalación y el Jr. Ricardo Palma", agregó.
La Contraloría ubicó "puntos ciegos" en la vista de la cámara instalada "en el muro externo del lado de las puertas de ingreso peatonal y vehicular" del penal.Fuente: Defensoría del Pueblo
A su vez, la Contraloría encontró deficiencias en el sistema de registro de los procesados que ingresan al penal.
La entidad precisó que "el registro de la información de las personas privadas de la libertad ingresantes [...] a través del aplicativo SIP POPE carece de una validación automática biométrica y facial con la información registrada en el Registro Único de Identificación de Persona Natural del Reniec".
"Se advierte la ausencia de la funcionalidad que permita el uso del servicio del Reniec para la validación de identidad a través de las huellas dactilares e imágenes del Registro Único de Persona Natural con la información de las huellas decadactilares e imagen cuya captura es realizada por personal de la Oficina de Registro Penitenciario", precisó la CGR.
"Consecuentemente, el SIP POPE carece de la funcionalidad que permita la validación automática de huellas e imagen capturadas durante el proceso de registro de las personas privadas de la libertad ingresantes el EP, con la información del Reniec, lo cual afecta la exactitud en la labor de verificación de identidad a cargo del personal de la Oficina de Registro Penitenciario del establecimiento penitenciario Puerto Maldonado", resaltó.
La Contraloría encontró deficiencias en el sistema de registro de los procesados, lo cual dificulta la validación automática de huellas e imagen.Fuente: Andina
La Contraloría también detectó que el penal "presenta deficiencias respecto a los implementos de revisión y seguridad; además la ausencia de equipos que permitan una revisión exhaustiva de personas y paquetes que ingresan" al centro de reclusión.
"Se carece de implementos de revisión como guardapolvos, algodón y equipos electrónicos o tecnológicos para la actividad de revisión durante los ingresos de visitantes y paquetes al citado establecimiento penitenciario", precisó el órgano de control.
Además, se identificó "la carencia de equipos tecnológicos vinculados a la seguridad interna [...] para la revisión exhaustiva de personas, paquetes y materia prima para los talleres de carpintería", tales como equipo corporal de rayos X, sistema de detectores de metales tipo arco o sistema de detección de metales portátil.
La Contraloría detectó que la revisión de paquetes que ingresan al penal se hace sin los equipos e implementos tecnológicos necesarios. Fuente: CGR
Adicionalmente, la CGR detectó que el personal policial, ubicado en los torreones de seguridad perimetral, "carecen de radios de comunicación u otro dispositivo que les permita comunicar oportunamente la detección de actividades no autorizadas".
"La carencia de implementos de revisión, equipos tecnológicos, limita la labor de revisión en dicho establecimiento, dificultando se efectúe un minucioso control y registro de visitantes, paquetes y productos que ingresan; además, la falta de medios de comunicación entre personas a cargo de la seguridad interna y externa del E.P Puerto Maldonado, podría poner en riesgo la integridad física del personal a cargo de la seguridad del establecimiento penitenciario y comprometer la seguridad del citado Establecimiento Penitenciario", indica el informe de control.
La Contraloría advirtió que la falta de medios de comunicación entre personas a cargo de la seguridad interna y externa podría poner en riesgo la integridad física del personal.Fuente: Andina
Además, la Contraloría encontró que de 6 torres de vigilancia, una carece de personal a cargo, y que los faros buscapersonas instalados en ellas, se encuentran inoperativos, "de lo que se desprende que por las noches desde las torres de vigilancia el personal a cargo de la seguridad carece de iluminación para la vigilancia en caso se requiera visibilizar un espacio o persona en movimiento".
Por otra parte, el órgano de control indicó que 27 de 123 servidores que vienen laborando en las áreas de Seguridad y Tratamiento del penal tienen hasta 12 años trabajando en la misma área, cuando la "normativa interna y externa" establece que dichos servidores "deben rotar cada dos (2) años a fin de evitar la familiaridad con los internos y sus familiares".
Finalmente, la Contraloría dispuso "hacer de conocimiento al Titular de la Entidad" las situaciones adversas detectadas, para que este comunique "al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas [...], adjuntando la documentación de sustento respectiva".