Carlos Ramos | Fuente: El Peruano

El pleno del Tribunal Constitucional se reunió este martes y votó a favor de admitir a trámite la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, en relación a la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.

El magistrado Carlos Ramos fue quien propuso que la demanda sea admitida, medida que posteriormente fue aprobada por unanimidad por los siete integrantes del máximo intérprete de la Constitución.

Es en este contexto que el magistrado ha informado a varios medios que, al margen de lo que decida el Tribunal Constitucional (TC) en cuanto a la demanda competencial, el proceso electoral para elegir a los nuevos miembros del Parlamento sigue en pie.

“El proceso electoral en marcha queda en pie, más allá de la respuesta del Tribunal Constitucional (…) Para efectos prácticos, la decisión hace que se ajuste al calendario electoral que se tiene fijado, es decir, las elecciones se llevan a cabo. En ese sentido, no tiene que haber preocupación en la ciudadanía”, aseguró.

Además, el magistrado refirió que “la ciudadanía tiene que sentirse tranquila”, y agregó que será la autoridad electoral, a través de sus distintos entes, quien lleve a cabo las elecciones programadas para el 26 de enero del 2020.

En cuanto a la admisión a trámite de la demanda competencial, el jurista indicó que a partir de este 29 de octubre corren 30 días para que el Poder Ejecutivo se pronuncie al respecto.

“El TC debe notificar esta resolución hacia el día lunes. Entonces, el Poder Ejecutivo, a través de sus procuradores, tiene 30 días calendario para poder contestar la demanda”, indicó el exdirector de la Academia de la Magistratura.

Finalmente, Ramos exhortó al Gobierno a responder a la demanda con una respuesta “corta, breve y oportuna”, de manera que el Tribunal Constitucional pueda fijar la audiencia lo más pronto posible.

 “La contestación de la demanda es por escrito. Una vez ello, se fija fecha para la audiencia pública. Todas las audiencias públicas en materias de acciones de inconstitucionalidad tienen lugar en la ciudad de Arequipa”, explicó.

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