por Redacción RPP
·La suspendida fiscal de la Nación aseguró que existe un interés político de persecución en su contra desde tras la aprobación del informe final que recomienda su inhabilitación por diez años.
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que se estaría pretendiendo concretar un "plan cerco" en su contra, en el que involucró a la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República, y señaló que viene sufriendo "una campaña de demolición" que pretende impedir su reposición como titular del Ministerio Público.
En diálogo con RPP, sostuvo que viene siendo víctima de denuncias y procedimientos administrativos por parte de personas ligadas al partido aprista, agrupación que integran los abogados de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Jorge del Castillo y Humberto Abanto.
"Me están llenando de denuncias, de procedimientos administrativos y en esto tiene bastante protagonismo una persona especialmente que es del partido aprista, Miguel Caya, quien está que me denuncia, pero a diestra y siniestra y obviamente es del mismo partido político de los abogados de la señora Benavides, Jorge Del Castillo, el señor Abanto, que están incluso ahora como postulantes o candidatos por su partido aprista. Es una persecución, obviamente yo la veo como una venganza y esa venganza se traslada también al Congreso por la cantidad muy sustentada de denuncias o de investigaciones que yo he estado llevando a cabo desde que asumí el cargo", remarcó.
Tras la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de aprobar el informe final que recomienda inhabilitarla por diez años de la función pública, aseguró que existe un interés político de persecución en su contra desde dicho grupo de trabajo y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues no se llegó a la misma determinación con los otros tres fiscales: Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.
Congresistas cambiaron su voto
Por su parte, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, cuestionó que su representada haya sido la única fiscal suprema sancionada por la Comisión Permanente.
"Varios congresistas de partidos políticos votaron en contra de inhabilitar al doctor Villena, al doctor Pablo Sánchez y a la doctora Zoraida Ávalos. Pero cuando tocó la doctora (Espinoza), esos mismos congresistas cambiaron su voto. Y a mí me gustaría saber, por parte del congresista Cavero, del congresista Muñante, de la congresista Camones, del congresista Salhuana. ¿Cómo es posible que sobre los mismos hechos valoran de diferente manera? Evidentemente, ya es una persecución personal", refirió.
Según Pérez, la posible sanción a Espinoza representa "un daño irreparable" al Ministerio Público y señaló que se está ignorando la Constitución al someter a la suspendida fiscal a un "juicio político" por haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, pese a estar facultada por la carta magna.
"Interponer una acción de inconstitucionalidad es una atribución del Ministerio Público. No puede, por haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esta ley que daba facultades de investigación a la policía, que además es inconstitucional, someterse a un juicio político. El Congreso tiene la facultad constitucional de iniciar juicio político contra cualquier funcionario; pero el juicio político no puede servir de castigo, de represalia o de venganza frente a hechos que son inexistentes, o por el hecho de que la doctora ha hecho su trabajo de acuerdo con la Constitución", sostuvo.
Espinoza, por su lado, recordó que el plazo otorgado a la JNJ por el Poder Judicial para reponerla como fiscal de la Nación vence el lunes, por lo que el martes debería retomar sus funciones. De votarse a favor la inhabilitación en el Pleno, precisó que interpondría una nueva demanda de amparo.
"Yo espero y quiero todavía pensar que existe algo de respeto al Estado Constitucional de Derecho. Y porque sería algo históricamente lamentable, por no decir ya de un agravio total o de implantación de una dictadura congresal", comentó.
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