por Redacción RPP
·El pedido fue remitido al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, e invoca lo dispuesto en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016. La destituida expresidenta Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales, entre ellas por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.
La expresidenta Dina Boluarte ha solicitado al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios destinados a quienes ocuparon la jefatura del Estado, según reveló una reciente investigación periodística.
De acuerdo con el programa Cuarto Poder, el pedido fue remitido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, e invoca lo dispuesto en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016, que regula los apoyos logísticos y de personal para los exmandatarios.
La solicitud incluye una pensión que podría oscilar entre S/26 000 y S/35 000 mensuales. Según el dominical, el monto exacto dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y de la validación congresal del incremento salarial que ella misma aprobó durante su gestión, mediante el cual su remuneración pasó de S/15 600 a S/35 568.
Además, Boluarte —quien afronta una investigación fiscal por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023— plantea la asignación de beneficios adicionales, como un vehículo oficial de uso permanente, la contratación de un trabajador bajo la modalidad CAS con un sueldo de S/3 700 de libre elección, y un suministro mensual de 150 galones de combustible. También solicita mantener el seguro de salud privado.
El especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, Martín Cabrera Marchán, explicó que solo una acusación constitucional aprobada por el Congreso podría suspender estos pagos, hasta que exista una sentencia judicial no condenatoria.
En octubre pasado, el Congreso destituyó a Boluarte tras declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente ola del crimen organizado que azota el país.
La exjefa del Estado también es investigada por el Ministerio Público por presunto uso indebido del vehículo presidencial —conocido como el Cofre— para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Otra pesquisa se centra en su supuesta intervención para desactivar al grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Asimismo, es objeto de una indagación por presuntos delitos de omisión de actos funcionales o, alternativamente, abandono de cargo, debido al caso relacionado con procedimientos quirúrgicos (caso cirugía).
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