La procuradora ad hoc del caso Lava Jato indicó que el avance de los procesos judiciales se ve limitado por la falta de jueces abocados exclusivamente al caso peajes, posibilidad que, según dijo, ha sido denegada por el Poder Judicial
Lima
Silvana Carrión indicó que Lima Expresa es una concesión que "también tiene cuestionamientos de tarifas elevadas" de peaje
Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, en diálogo con RPP, indicó que existen evidencias de presuntos actos de corrupción en torno a las concesiones de peajes otorgadas a los consorcios Rutas de Lima -durante la administración edil de Susana Villarán- y Línea Amarilla -durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, cuando Rafael López Aliaga era regidor de la Municipalidad de Lima (MML).
Respecto a esta última, Carrión indicó que, al igual de lo ocurrido con Rutas de Lima, la constructora que originalmente obtuvo la concesión, la brasileña OAS, vendió su participación a la empresa francesa Vinci, que actualmente administra sus activos. Además, resaltó que "también tiene cuestionamientos de tarifas elevadas".
"La Procuraduría actúa respecto a las dos concesiones de la misma manera y con la misma intensidad. Rutas de Lima es una concesión que está comprendida en hechos de corrupción en el caso de la señora Villarán; pero también Línea Amarilla que ahora el accionista mayoritario es la empresa francesa Vinchy, que compró las acciones en el 2016", sostuvo.
En ese sentido, indicó que, "conforme a las investigaciones fiscales", se habrían cometido actos de corrupción que beneficiaron a ambas concesionarias.
Favorecimiento a concesionarias
La procuradora ad hoc indicó que los presuntos actos de corrupción y el favorecimiento a las empresas se habría cometido "tanto en la adjudicación de los contratos" como durante la ejecución de las obras.
"Conforme a las investigaciones fiscales, ha habido hechos de corrupción tanto en la adjudicación de los contratos como en la ejecución de los mismos; porque en la ejecución se ha evidenciado que hubo adendas, tratos directos posterior a la celebración del contrato, que han permitido cambiar las condiciones, el equilibrio económico de las concesiones, que finalmente ha favorecido a las empresas concesionarias", explicó.
Asimismo, detalló que Línea Amarilla tendría más investigaciones fiscales pendientes.
"Rutas de Lima tiene aproximadamente 3 o 4 investigaciones fiscales; Línea Amarilla tiene aproximadamente 6 o 7 investigaciones fiscales, donde se investiga el momento de la adjudicación, el momento de la ejecución, las adendas, el trato directo; en donde se ha aportado evidencia que viene de colaboraciones eficaces hasta la evidencia que la propia fiscalía ha ido recabando, que dan cuenta que ha habido no solo hechos de corrupción, sino que estos han impactado en el equilibrio económico de la concesión a favor de las concesionarias, en perjuicio de la Municipalidad de Lima", aseveró.
"Eso es algo que se está investigando y cada vez hay más evidencia de que esto ha sido así", resaltó.
Asimismo, Carrión indicó que en el caso de Línea Amarilla ya hay un exfuncionario municipal sentenciado a prisión efectiva el 2019.
"En esa concesión ya hay una sentencia contra un exfuncionario de la señora Susana Villarán, el señor Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, que fue condenado a más de 4 años de pena privativa de la libertad por el delito de negociación incompatible, y que está en la cárcel por haber reajustado de manera indebida la tarifa del peaje", explicó.
"En ese proceso, nosotros, además de incorporar a la empresa Línea Amarilla como tercero civilmente responsable, logramos una medida para reducir el peaje en S/0.50 todo el año 2020, el Poder Judicial finalmente decidió revocar esa medida, pero un año los ciudadanos pagaron S/0.50 menos de la tarifa por una medida planteada por nosotros", agregó.
La procuradora ad hoc resaltó también que en ese caso judicial, en agosto del 2022, se logró "la primera sentencia que condena a 25 millones de reparación civil a la empresa Línea Amarilla", pero que está en apelación, a la espera de que el Poder Judicial programe la audiencia correspondiente.
"Estamos febrero del 2024 y hasta ahora no programan la audiencia de apelación, estamos esperando que se programe hace año y medio para que se confirme esta condena", puntualizó.
Poder Judicial denegó pedido de jueces exclusivos para el caso Lava Jato
En otro momento, Silvana Carrión dio cuenta de la lentitud con la que avanzan los procesos judiciales vinculados al caso Rutas de Lima.
"La acusación del caso Villarán se presentó en agosto del año 2022 al Poder Judicial. Se citó audiencias de control en abril del 2023, llevamos año y medio con esta acusación y seguimos en el control formal, es decir la primera etapa de ese control de acusación", aseguró.
"Nosotros hemos planteado, porque este es un problema recurrente en los casos Lava Jato, el retraso en la programación de las audiencias o en la dilación de su programación para el avance del control de acusación, tenemos 14 acusaciones pendientes de ser controladas", agregó.
Asimismo indicó que el lento avance del proceso se debe a la falta de jueces abocados exclusivamente al caso Lava Jato. Pese a ello, según dijo, el Poder Judicial les habría denegado esa posibilidad.
"Hemos solicitado al Poder Judicial (…) que volvamos a tener jueces exclusivos como tuvimos antes de pandemia para analizar el caso Lava Jato, que fue donde tuvo el avance mayor en el Poder Judicial (…) Con la gestión del doctor Sahuanay este sistema se desintegró, lo que consideraron fue que los jueces que conocían Lava Jato conozcan otros casos de crimen organizado (…), son casos complejos", explicó.
"Lo que hemos solicitado al presidente del Poder Judicial es que volvamos a los jueces exclusivos para Lava Jato como era antes de pandemia y con la experiencia de los juzgados ad hoc del caso Fujimori-Montesinos, que fue como se avanzó. Lamentablemente, el doctor Arévalo, a través de un informe de sus órganos técnicos, nos ha informado que eso no es posible, que no se pueden crear jueces exclusivos porque los casos Lava Jato, si bien son de trascendencia, no tienen alguna prioridad, alguna preferencia respecto a los otros casos complejos de corrupción", puntualizó.
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