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A través de un comunicado, la MML denunció que Rutas de Lima desacató la orden judicial que suspendió el cobro de peajes en Puente Piedra, al bloquear "arbitrariamente el pase" por la garita Chillón el último martes, 30 de enero.
Lima
Municipalidad de Lima presentó denuncia penal contra Rutas de Lima por haber "obstaculizado el libre tránsito"
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció esta madrugada que ha presentado una denuncia penal contra la empresa Rutas de Lima, por "el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos", luego de que el último martes "bloqueara arbitrariamente el pase por el peaje de Puente Piedra" en la Panamericana Norte.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la MML señaló que "esta denuncia penal se realiza por desacatar la orden judicial" que el último 26 de enero declaro fundada la medida cautelar solicitada por la Asociación Casa Huerta de El Paraíso, que exige a Rutas de Lima no ejecute el cobro de peajes en Puente Piedra.
El municipio limeño se refiere a los incidentes del pasado 30 de enero, cuando se interrumpió el paso en varios carriles de la Panamericana Norte a la altura de la garita del peaje del Chillón con bloques de plástico, esto luego de que esta zona amaneciera despejada y con libre tránsito en acatamiento a la referida disposición judicial.
Para la MML, esta acción generó "una intensa congestión vehicular por varias horas" y constituye un delito "que está penado con doce años de prisión efectiva".
"La MML considera que esta irresponsable actuación es una muestra del desprecio de Rutas de Lima hacia la población limeña y la falta de respeto hacia la legislación peruana", enfatiza el comunicado.
La denuncia de la municipalidad provincial de Lima fue presentada a través de la Procuraduría Pública contra los que resulten responsables de la presunta comisión de este "ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 283 del Código Penal".
🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/fLDvW0k5dp
— Municipalidad de Lima (@MuniLima) February 1, 2024
El pasado 30 de enero, RPP reportó que el paso por varios carriles próximos a la garita Chillón permaneció bloqueado por al menos una hora, pero luego este tramo de la Panamericana Norte fue despejado por la Policía Nacional con la presencia de funcionarios de la MML.
El caso Rutas de Lima
Rutas de Lima es la empresa encargada de cobrar y administrar el cobro de peajes en tramos de las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé, tras una concesión obtenida en el 2013 durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima.
En total, Rutas de Lima cuenta con ocho unidades de peaje: siete ubicadas a lo largo de la Panamericana Sur [Peaje Villa, Punta Negra, Huaylas, Conchán, San Pedro, Puente Arica y Quebrada Seca] y una en la Panamericana Norte [Peaje Chillón]. Esta última ha sido suspendida temporalmente por el Poder Judicial, tras una medida cautelar interpuesta por un grupo de vecinos que integran la Asociación Casa Huerta El Paraíso de Puente Piedra.
El viernes, 19 de enero, Rutas de Lima había anunciado que desde el próximo martes 30 de enero se haría efectiva el alza de la tarifa del peaje a S/ 7.50.
"La aplicación de esa fórmula contempla la aplicación de la inflación acumulada de la ciudad de Lima. Rutas de Lima no ha realizado ajuste tarifario en dos años", explicó el gerente legal de Rutas de Lima, Ives Becerra.
Sin embargo, el 26 de enero el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad en lo Comercial de Lima declaró fundada una medida cautelar solicitada por la Asociación Casa Huerta de El Paraíso, que exige a Rutas de Lima no ejecute el cobro de peajes en Puente Piedra.
En un comunicado del 29 de enero, Rutas de Lima informó que, a pesar de no ser notificada de la medida cautelar y ni haberse ejecutado por el Juzgado de Puente Piedra, procedió a suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón desde las 10:00 de la noche.
"RDL reitera su rechazo a la medida cautelar, la cual considera un acto arbitrario y contrario a la ley, reservándose el derecho a cuestionar y revertir la misma en tanto violenta gravemente la normativa de protección de inversiones establecida por el Estado Peruano, y compromete la sostenibilidad de las operaciones de RDL, así como los derechos de RDL y sus inversionistas", expresó.
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Jose Antonio Flores Diaz Periodista
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