Ministra de Trabajo reiteró que el pase a este nuevo régimen es voluntario, aunque consideró que los trabajadores al conocer sus beneficios optarán por acogerse.
La ministra de Trabajo, Nancy Laos, aseguró que la Ley del Servicio Civil, aprobada en la víspera por el Pleno del Congreso, no apunta a generar despidos masivos y reiteró que el pase a este régimen laboral es voluntario, no impositivo.
"Si bien el proyecto ha sido enriquecido, el tema de la voluntariedad está desde el inicio de la norma. No se quiere imponer a los trabajadores el pase a esta nueva carrera del servicio civil sino que ella sea producto de la reflexión del propio trabajador y que visibilicen los aspectos positivos, los mejores derechos de la norma, y a lo que apunta es a un reordenamiento", sostuvo en entrevista con RPP Noticias.
Laos admitió que la Ley del Servicio Civil coexistirá con los regímenes del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), la carrera administrativa (Decreto Legislativo 276) y la actividad privada (Decreto Legislativo 728).
En ese sentido, insistió que la norma tiene carácter voluntario y no impositivo porque "tenemos la convicción de que en este pase progresivo, en estos siete años, vamos a tener una sola carrera".
"Al visibilizar los grandes beneficios de la norma, todos van a querer pasar a este régimen", enfatizó.
Indicó que a diferencia de lo que pasó con la Carrera Pública Magisterial (CMP), que también tenía carácter de voluntario, la Ley del Servicio Civil tiene "beneficios altamente tangibles".
"Pensamos que sí optarían por el cambio, por ejemplo, un trabajador CAS, que tiene beneficios recortados, que es el 40 % en el Estado, optaría por esta nueva carrera. Solo con este 40 % que opte por pasar al servicio civil sería muy importante", resaltó.
Pese a los beneficios del dispositivo que -dijo- también contempla dos gratificaciones al año, un incremento salarial en función a sus méritos y el pago de CTS; señaló que aún así buscarán dialogar con los gremios sindicales a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), a cargo de Vladimiro Huaroc, para esclarecer sus dudas.
Asimismo, precisó que al Gobierno no le preocupa una eventual acción de inconstitucionalidad contra la ley, porque -explicó- para su elaboración hicieron las consultas a expertos constitucionalistas que garantizaron la correcta condición de la norma.
Finalmente, explicó que ahora el Ejecutivo dispone de 30 días para considerar si formula alguna observación a la norma, y si no la encuentra procede su promulgación, y de allí un plazo de 180 días para la elaboración del reglamento.
"Dar un mensaje tranquilidad, que tengan la garantía que esta norma no apunta a generar despidos en el Estado sino a tener un Estado eficiente", concluyó.
Comparte esta noticia