Defensoría sobre protestas: Policías solo pueden intervenir encontrándose "debidamente identificados"

La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno de Manuel Merino ordenar a la Policía Nacional del Perú que se garantice el ejercicio del derecho a la movilización pacífica y que solo use la fuerza cuando bajo los "principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad", de acuerdo a la Constitución y los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas.

"Las fuerzas del orden solo pueden detener personas en caso de flagrante delito. Las autoridad policiales solo pueden intervenir encontrándose debidamente identificados. Las personas detenidas deben ser objeto de un trato adecuado y debe respetarse sus derechos al debido proceso", indicó en un comunicado.

El organismo constitucional autónomo recordó que las adolescentes y los adolescentes tienen derecho a la participación y a expresar su opinión, necesidades y preocupaciones respecto a los asuntos que les afectan.

"Todas las autoridades deben respetar estos derechos fundamentales y también su derecho a la integridad y a la vida. En caso de detenciones, estas deben ser atendidas con absoluta prioridad por la Policía Nacional y el Ministerio Público", expresó.

Además, la Defensoría del Pueblo recomendó a madres, padres y tutores evitar el desplazamiento de niñas y niños para salvaguardar su integridad y vida.

Señaló que la ciudadanía debe manifestarse pacíficamente, subrayando que el ejercicio de este derecho es incompatible con cualquier acto de violencia. Por ello, invocó a la población a desplazarse de manera ordenada y siguiendo la ruta acordada para salvaguardar la seguridad y paz social, "respetando los derechos de quienes no participan de este acto".

Asimismo, la Defensoría recordó que se debe tener presente que el Perú viene padeciendo los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Este escenario obliga a que los participantes deben usar mascarilla, protector fácil y en lo posible deberían desplazarse manteniendo la distancia social.

"Las personas que presentan síntomas de COVID-19, así como las que pertenecen a grupos de alta vulnerabilidad a esta enfermedad no deben participar de las movilizaciones", invocó.

Finalmente, el organismo constitucional autónomo consideró que el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz debe expresar públicamente que el desarrollo de las movilizaciones se encuentra garantizado y que la fuerza pública solo será utilizada cuando fuere imprescindible.

"En el marco de las manifestaciones a desarrollarse, corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional controlar el orden público –conforme a la Constitución y leyes- y al Ministerio Publico vigilar la legalidad y ejercer la acción penal", finalizó.

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