A unos días de la disolución. | Fuente: Congreso

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Una semana después de adoptada la decisión de disolver el Congreso los actores políticos intentan definir una agenda para un período nuevo. Hemos registrado pocas intervenciones de Fuerza Popular, pero incluso Pedro Olaechea se refirió a una nueva situación y se negó a caracterizar lo sucedido el lunes pasado como un “golpe de Estado”. Para Olaechea el diálogo sigue siendo posible si se quiere concertar esfuerzos para satisfacer las demandas de la población. Olaechea coincide ahora con el Defensor del Pueblo y Alan Wagner, quienes promueven una Mesa de Diálogo, inspirada en la que acompañó la transición del 2000. Algunos partidos, como el de Julio Guzmán y APP, han anunciado que participarán en las elecciones del 26 de enero y otros se preparan para escoger sus 130 candidatos.

Entre los nuevos apoyos al presidente Vizcarra destaca el aportado por Mario Vargas Llosa en su columna quincenal, bajo el título de “Del desorden a la libertad”. En una línea opuesta, el diario Wall Street Journal califica como “golpe de Estado” o “putsch” la disolución, argumentando que nunca se produjo un segundo voto denegando la confianza del gabinete. Pero es posible dudar del rigor del diario del distrito financiero de Nueva York, al menos cuando atribuye al nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, simpatía por la extrema izquierda. En suma, las expresiones radicales parecen ceder lugar a llamados a la moderación y pocos parecen apreciar que el fujimorista Ángel Neyra haya afirmado que el gobierno convirtió al Congreso en un “gheto nazi”. Quizás esté contribuyendo a ese nuevo clima de ponderación la difusión de encuestas, como la del IEP, que muestran el amplio apoyo ciudadano a la disolución.

Conflictividad social 

Mientras la clase política y los juristas buscan salir de la crisis, no prestamos la suficiente atención a graves problemas sociales que, una vez más, afectan la actividad minera en nuestro país. Tal es el caso del bloqueo del corredor minero, en torno al recurrente conflicto en el sitio apurimeño de Las Bambas. Pero también en Humachuco se ha producido un enfrentamiento entre mineros y agentes de seguridad de una empresa minera, causando la muerte de cuatro personas. Habiéndose cambiado a los ministros de Energía y Minas y de Inclusión Social corremos el riesgo de que la reacción del gobierno se haga más lenta y menos experta. Lo que podría agravar el impacto negativo sobre nuestra economía.

El Vaticano 

Mientras tanto se ha inaugurado en el Vaticano un sínodo de obispos dedicado a la evangelización en la Amazonía. Desde la visita del Papa a Puerto Maldonado ha aumentado la amenaza global del incremento de la temperatura que ponga en riesgo los equilibrios básicos de la naturaleza y de la especie humana. Lo inesperado es que esa reunión de obispos de todo el mundo pueda llevar a un cambio en la Iglesia respecto a un punto disciplinario con una tradición de más de mil años: la autorización de que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes. No se trata de un asunto de doctrina, pero no por eso deja de ser extremadamente conflictivo y capaz de crear divisiones. La Iglesia tiene hombres casados a los que se ha autorizado a título excepcional el sacerdocio, sobre todo en Ucrania y Líbano. Pero ampliar esa posibilidad a zonas con escasa presencia de agentes pastorales, como la Amazonía podría abrir la puerta a la generalización de una libertad que muchos objetan. Otro tema en discordia es el de la participación de la mujer en la Iglesia. Pero por ahora, pese a la presencia de teólogas y expertas en el Sínodo, ese tema no está en debate. Ni siquiera para la Amazonía.

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