Viceministro de Energía y Minas considera que la minera 'no debería desaprovechar esta oportunidad' en la ejecución del PAMA en La Oroya.
El viceministro de Minería, Fernando Gala considera que la reglamentación de la Ley que amplía el plazo a 30 meses a la empresa Doe Run Perú para que cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el Complejo Metalúrgico de La Oroya es una 'nueva chance' proporcionada por la sociedad y los trabajadores.
'Creo que es una oportunidad que le está dando no solamente el Estado sino los trabajadores y la sociedad civil. Creo yo que es la última oportunidad que tiene Doe Run de poder cumplir con este procedimiento y yo creo que ya perdió mucha credibilidad, se le está dando una nueva chance toda la sociedad y los trabajadores y creo que no deberían desaprovechar esta oportunidad', dijo en RPP.
Gala Soldevilla afirma que en el Decreto Supremo se establecen mecanismos de control que va a hacer el Ejecutivo para que la empresa pueda llegar a conseguir financiamiento en sus operaciones.
'El Gobierno siempre desde un inicio, al menos el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas estableció cuatro requisitos para pensar en ampliar el proyecto, siempre se habló de que arregle con los proveedores, porque si no hay insumo de concentrados no habría ninguna operación futura. Dos, de que exista financiamiento para el proyecto, si no hay plata no hay cómo hacer las obras. El tercer punto que pidió el Gobierno fue: garantías, ¿no? Y un cuarto punto que dijo siempre el Ejecutivo es vamos a darle el plazo que se ha técnicamente razonable. Este último punto lo resolvió el Congreso otorgándole un plazo técnico de 20 meses más 10 meses para la búsqueda de financiamiento. Esas condiciones las dio el Congreso y las tres primeras que el Ejecutivo siempre las consideró están reflejadas en el Decreto Supremo donde se establecen los mecanismos de control que va a hacer el Ejecutivo para que la empresa pueda llegar a conseguir financiamiento en sus operaciones', aseveró.
Asimismo, el funcionario mencionó que entre las garantías para el cumplimiento de este reglamento figura una exigencia del financiamiento que se pueden dar para garantizar.
'Obviamente hay una exigencia de plata. Si no se consigue plata en estos 10 meses ya pues obviamente todo se acabó y el segundo punto importante es el tema de garantías. Anteriormente los proyectos PAMA nunca se exigían garantías. En este Decreto Supremo se está exigiendo a la empresa que presente el 100% de garantías reales, del costo del proyecto (garantías que se puedan ejecutar por ejemplo cartas fianzas, pueden ser sesión de derecho de deuda, puede ser una hipoteca que se ha realizado rápidamente a parte de la carta fianza)', puntualizó.
'Creo que es una oportunidad que le está dando no solamente el Estado sino los trabajadores y la sociedad civil. Creo yo que es la última oportunidad que tiene Doe Run de poder cumplir con este procedimiento y yo creo que ya perdió mucha credibilidad, se le está dando una nueva chance toda la sociedad y los trabajadores y creo que no deberían desaprovechar esta oportunidad', dijo en RPP.
Gala Soldevilla afirma que en el Decreto Supremo se establecen mecanismos de control que va a hacer el Ejecutivo para que la empresa pueda llegar a conseguir financiamiento en sus operaciones.
'El Gobierno siempre desde un inicio, al menos el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas estableció cuatro requisitos para pensar en ampliar el proyecto, siempre se habló de que arregle con los proveedores, porque si no hay insumo de concentrados no habría ninguna operación futura. Dos, de que exista financiamiento para el proyecto, si no hay plata no hay cómo hacer las obras. El tercer punto que pidió el Gobierno fue: garantías, ¿no? Y un cuarto punto que dijo siempre el Ejecutivo es vamos a darle el plazo que se ha técnicamente razonable. Este último punto lo resolvió el Congreso otorgándole un plazo técnico de 20 meses más 10 meses para la búsqueda de financiamiento. Esas condiciones las dio el Congreso y las tres primeras que el Ejecutivo siempre las consideró están reflejadas en el Decreto Supremo donde se establecen los mecanismos de control que va a hacer el Ejecutivo para que la empresa pueda llegar a conseguir financiamiento en sus operaciones', aseveró.
Asimismo, el funcionario mencionó que entre las garantías para el cumplimiento de este reglamento figura una exigencia del financiamiento que se pueden dar para garantizar.
'Obviamente hay una exigencia de plata. Si no se consigue plata en estos 10 meses ya pues obviamente todo se acabó y el segundo punto importante es el tema de garantías. Anteriormente los proyectos PAMA nunca se exigían garantías. En este Decreto Supremo se está exigiendo a la empresa que presente el 100% de garantías reales, del costo del proyecto (garantías que se puedan ejecutar por ejemplo cartas fianzas, pueden ser sesión de derecho de deuda, puede ser una hipoteca que se ha realizado rápidamente a parte de la carta fianza)', puntualizó.
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