Von Hesse niega que proyecto de ley beneficie a empresa privada

El ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, descartó que su sector haya pretendido beneficiar a una empresa particular con la presentación de un proyecto de ley referido a las habilitaciones urbanas.

Von Hesse, quien acudió este miércoles al Congreso para explicar ante la Comisión de Fiscalización este tema, descartó también cualquier concertación en este tema con la empresa Lindley a fin de incluirla como beneficiaria de la ley.

Explicó que el proyecto está pendiente de discusión en el Congreso, por lo cual no es segura su aprobación.

No obstante, en el caso de ser aprobado, la eventual norma no tendría efecto retroactivo y Lindley no sería una de las beneficiarias.

“Se trata de un proyecto que recién se va a discutir; en segundo lugar, ese conflicto de la empresa Lindley  con Serpar va por cuerdas separadas, está en el Poder Judicial, no es retroactivo y cualquier conflicto entre ellos (…) se resolverá en el Poder Judicial”, afirmó.

El ministro admitió como un error que funcionarios del Ministerio de Vivienda hayan copiado en el proyecto de ley una parte de los argumentos de Lindley en el conflicto con el Servicio de Parques de Lima (Serpar).

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso propone que las empresas inmobiliarias ya no aporten al Serpar por el valor comercial del establecimiento, sino por el valor de la infraestructura y los servicios básicos con los que cuenta.

Serpar, organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha señalado que esta propuesta recorta su presupuesto y puede afectar el mantenimiento de los parques y jardines administrados por la comuna.

Por otro lado, Von Hesse descartó haber apoyado las gestiones realizadas por terceros a favor de las empresas Exalmar y Fénix Power, a través de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA), cuando ejercía el cargo de ministro de Agricultura y Riego.

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En ambos casos, dijo, se limitó a exigir a la ANA que atendiera, sea a favor o en contra, las solicitudes de esas y otras decenas de empresas cuyas gestiones para acelerar proyectos de inversión estaban detenidos más de un año en algunos casos.

Refirió que pidió a los funcionarios responsable de la ANA admitir las solicitudes, cuyo plazo legal de atención es de 30 días.

Añadió que esa gestión permitió incrementar el número de solicitudes atendidas, llegando a 228 en el segundo semestre de 2011, y a 479 en el 2012.

Destacó, además, que los expedientes evaluados en la ANA representaron compromisos de inversión superiores a los US$ 19,200 millones, casi en su totalidad referidas a inversiones mineras, energéticas e hidrocarburos.

ANDINA