RPP Noticias accedió a documentos de la UNSAAC que indican que las tesis de posgrado del presidente del Congreso fueron entregadas a la comisión investigadora el último lunes. El rector reconoció demora en el proceso
El pasado 7 de setiembre, el rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Eleazar Crucinta, anunció, en conferencia de prensa, el inicio de investigaciones en torno al posgrado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, luego de que informes periodísticos revelaran presuntos plagios de hasta 66% en su tesis de doctorado.
Según documentos de la UNSAAC - a los que accedió RPP Noticias - el pedido de Crucinta para que se conforme una “comisión revisora” que investigue el tema se concretizó el pasado 12 de setiembre, un día después de que el decano de la Facultad de Derecho de la universidad, José Béjar, denunció ante la OCI de esa casa de estudios que había encontrado hasta 4 presuntas irregularidades académicas y administrativas en el posgrado del titular del Legislativo.
No obstante, la solicitud del rector para que se conforme dicha "comisión revisora" tuvo respuesta por parte de la Escuela de Posgrado de la UNSAAC el último lunes, 25 de setiembre. Ese mismo día, se remitieron las dos tesis de Soto Reyes a los integrantes de la Comisión Académica Permanente de Posgrado para iniciar la investigación.
¿Cómo se ha desarrollado la investigación?
Los primeros actos llevados a cabo por la UNSAAC en torno al caso se remontan al 6 de setiembre, día en que el portal Infobae reveló que más del tercio de la tesis de doctorado de Alejandro Soto tendría contenido no original.
Aquel día, el rector Crucinta Ugarte remitió un oficio a la directora de la Escuela de Posgrado, Nelly Cavero, solicitándole "información detallada y documentada sobre la situación académica, elaboración de tesis y los grados otorgados" a Alejandro Soto, "debiendo alcanzar (la información) en el tiempo más breve posible".
Como respuesta a su solicitud, la Escuela de Posgrado, según el rector, le remitió "documentación administrativa" en torno al caso y sometió la tesis de maestría de Alejandro Soto al software especializado Turnitin que arrojó que había 66% de contenido no original en ese trabajo académico.
"Con fecha 6 de setiembre, nosotros hemos solicitado a la Escuela de Posgrado la información correspondiente y documentada sobre el problema del Dr. Alejandro Soto (...) Me alcanzó toda la documentación administrativa. A raíz de ello, yo convoqué a una conferencia de prensa en el Cusco y he mostrado la documentación pertinente que, al mirar de la documentación, todos los documentos guardaban un nivel de relación para optar el grado de magíster y el grado de doctor. Eso administrativamente porque es lo que hemos solicitado y nos alcanzó", explicó el rector para esta nota.
"De ahí vino el otro informe que era del contenido mismo de la tesis. A raíz de ello, hemos solicitado la conformación de la comisión (...) Es un documento oficial de la Escuela de Posgrado sin pasar lo que se denomina “similitud”, agregó Crucinta sobre los resultados del Turnitin.
Con la información brindada por la Escuela de Posgrado, el rector convocó a una conferencia de prensa el 7 de setiembre en la que anunció que se investigaría el caso y que administrativamente, al menos, "todo estaba en orden".
Sin embargo, el 11 de setiembre, tras una investigación a nivel decanal, José Béjar denunció ante la OCI irregularidades académicas y administrativas en torno al posgrado del titular del Legislativo. Esta denuncia, según el catedrático, fue comunicada en la sesión del Consejo Universitario (CU) del 13 de setiembre y, a partir de ahí, hay dos versiones de los hechos que sucedieron en los siguientes días.
Versiones encontradas
Según el decano de Derecho, cuando él informó de la denuncia que había interpuesto no se le comunicó que había una comisión que estaba investigando los hechos ni de ninguna actuación de la universidad en torno al caso.
"Cuando he dado cuenta al CU ha sido un miércoles de hace dos semanas atrás (13 de setiembre). Obra en actas del CU, en el momento de informes, yo di a conocer este hecho. El rector dijo que él iba a actuar, que no estaba a favor ni en contra. No dijo nada de la comisión, pero resulta que ahora aparece una comisión", señaló para esta nota.
"Yo he informado en CU la denuncia ante la OCI y nadie dijo nada sobre el particular, que había esa comisión. Nadie dijo nada, absolutamente. Mas lo contrario, alguien dijo por ahí que había que ser muy humanos, que no estaban a favor ni en contra, que es un asunto muy delicado, nada más. Otro comentario, otra información sobre este hecho no ha habido nada en particular", agregó.
Congreso
José Béjar indicó que no se le informó de ninguna comisión investigadora en el CU
No obstante, es diferente lo que señala el rector sobre ese punto. Según su versión, el CU ya tenía conocimiento de que se había solicitado una "comisión revisora" y que el decano -en esa sesión del 13 de setiembre - pidió que su "documentación" en torno al caso, sea usada por dicha comisión.
"(En la sesión), el señor decano también corroboró indicando que él había hecho la denuncia ante la OCI y que su documentación también puede ser usada por esta comisión. Nosotros manifestamos que sí, que no podemos adelantar ningún juicio hasta tener los resultados del proceso de investigación", afirmó el rector.
La solicitud de esa conformación de la "comisión revisora" se realizó un día antes de esa sesión del CU que alude el decano. El 12 de setiembre, el rector hizo el pedido a través de un oficio remitido a la directora de la Escuela de Posgrado "a fin de que alcance información sobre los grados de maestro y doctor otorgados al Dr. Alejandro Soto".
"Con oficio (número) 190, se le solicita a la señora directora la conformación de una comisión en donde inclusive nosotros decimos que debe ser con pares externos. Esa comisión la habrá conformado la señora directora de Posgrado. Todos esos actuados se informa al CU (...) Eso ya se tenía de pleno conocimiento y eso es lo que hemos informado en el CU", indicó el rector.
Congreso
El rector sostuvo que sí se informó ante el CU que había una comisión investigadora
Con todo ello, la respuesta a la solicitud del rector llegó el último lunes, 25 de setiembre, a través de un oficio de la Escuela de Posgrado.
En ese documento, se le informa que en una sesión del Consejo Directivo de Posgrado, del 21 de setiembre, se puso "a consideración" su pedido y se decidió que la Comisión Académica Permanente de dicha instancia "se encargará de hacer la revisión de los grados obtenidos, tanto de maestría como de doctorado" del presidente del Congreso.
Además, se le indica que ese mismo 25 de setiembre la Dirección de la Escuela de Posgrado "ha remitido a la presidencia de la comisión académica para la evaluación correspondiente las tesis" de maestría y doctorado de Alejandro Soto. Es decir, recién se les brindó ese día el insumo esencial para realizar la investigación.
Reconoce demora
Ante esta situación, Eleazar Crucinta reconoció que hubo una "demora" en el inicio de las investigaciones, aunque las atribuyó a, entre otras situaciones, "la propia burocracia administrativa".
"Lo que sucede es que la (Comisión Académica Permanente) había renunciado, es lo que me informan (...) Y a ello hay que sumar que la señora directora estuvo en comisión de servicio porque tenía que ir a Sunedu, porque teníamos una cita agendada para ver las nuevas maestrías y los nuevos doctorados que se tiene que dictar. Entonces ella se trasladó por espacio de tres o cuatro días a Lima. No es que se haya dilatado porque uno desea, sino que vienen sucediendo así las acciones", explicó.
"Es por eso que el 25 (de setiembre), recientemente (...), dan el informe de la conformación de la comisión y también indica que, prácticamente, la comisión ya está actuando, ya quedó instalada (...) Hubo una demora que no es a propósito o como se quiera pensar o porque estamos dilatando el tiempo, sino que la demora viene por las razones que le estoy dando a conocer y también por la propia burocracia administrativa", agregó.
Congreso
El rector indicó que la demora, entre otros motivos, fue por la burocracia administrativa de la UNSAAC
RPP Noticias verificó que la directora de la Escuela de Posgrado de la UNSAAC, Nelly Cavero, tuvo una reunión en la sede de Lima de la Sunedu el último 13 de setiembre.
Asimismo, la renuncia a la que alude el rector dentro de la Comisión Académica Permanente (CAP) -la que habría contribuido a la demora del inicio de las investigaciones- fue la de su presidente, el catedrático Nicolás Cáceres Huambo, quien asumió ese cargo el 8 de setiembre pasado. No obstante, 6 días después renunció a la presidencia, por lo que se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Posgrado, el 21 de setiembre.
En dicha sesión, por decisión unánime, Cáceres Huambo acepta nuevamente el cargo y la reconformación de la CAP se oficializa con una resolución directoral emitida al día siguiente.
Vale resaltar que Nicolás Cáceres Huambo fue elegido rector de la UNSAAC para el periodo 2016 - 2020. No obstante, el 2019, la Contraloría lo inhabilitó de la función pública por dos años, tras determinar que habría designado docentes universitarios a tiempo completo en cargos administrativos, algo que contravino lo estipulado en la Ley Universitaria. Dicha inhabilitación finalizó el 11 de marzo del 2022.
Próximas acciones
El rector Crucinta Ugarte indicó que, tras la investigación de la Comisión Académica Permanente lo que continuaría es que la universidad denuncie a Alejandro Soto ante el Poder Judicial.
"En este caso, al pasar ya el tiempo necesario, lo que tendríamos que hacer es denunciar ante el Poder Judicial porque en el orden netamente administrativo está prácticamente ya prescrito porque son dos años para hacer las denuncias correspondientes. Nos tocaría denunciar ante el Poder Judicial", indicó.
Además, indicó que un eventual retiro de los grados académicos al presidente del Parlamento se haría "siguiendo el debido proceso".
"(El retiro de grados) tiene que hacerse de acuerdo a normas el debido proceso y este se tiene que seguir de acuerdo a lo que está estipulado en la Ley Universitaria y las leyes vigentes en nuestra nación. La universidad sí puede retirar los grados académicos, pero con el debido proceso", puntualizó.
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