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Con 10 votos a favor, 9 en contra y siete abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra la congresista de Alianza para el Progreso Rosío Torres, acusada de presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho.
La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la congresista Rosio Torres, perteneciente a Alianza para el Progreso, acusada de presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho. La votación culminó con 10 votos a favor del archivamiento, 9 en contra y 7 abstenciones.
La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación, sostenía que Torres realizó transferencias bancarias desde las cuentas de los trabajadores de su despacho hacia su asesor principal, Jesús Sierra, y posteriormente transferencias de sumas significativas a su sobrino.
Un reportaje del programa dominical Punto Final mostró imágenes de la congresista accediendo a su cuenta de WhatsApp y eliminando el historial de conversaciones con su sobrino, Juan Pérez Guerra. En el mismo reportaje, Torres escribió: "Han estado armando esto hace tiempo, le tengo al enemigo en la oficina".
Pese al sustento de la acusación fiscal, la Comisión Permanente decidió no proceder con la denuncia y lo mandó al archivo.
Los 10 parlamentarios que votaron a favor fueron cinco congresistas de Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, César Revilla, Víctor Flores y Eduardo Castillo; tres de Alianza para el Progreso: Alejandro Soto, María Acuña y Nelcy Heidinger; Alex Paredes, de Somos Perú, y la parlamentaria no agrupada Lucinda Vásquez.
Argumentos
El informe final, que recomendaba archivar la denuncia, fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta (APP).
Según el portal del Congreso, la parlamentaria Acuña Peralta indicó que "no se han hallado elementos de convicción suficientes para continuar con el proceso" porque "los hechos, pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público no son suficientes para configurar el delito contra la administración pública – concusión".
Además, aseguró que "tampoco se ha demostrado la vulneración de los artículos 1, 2 (inciso 5), 22, 23, 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú."
“Ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En consecuencia, remítase al archivo las denuncias constitucionales 456, 361 y 370 acumuladas [interpuesta contra la congresista Rosio Torres Salinas]”, expresó la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, al cierre de la votación, de acuerdo con el Congreso.
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