Congresistas investigados siguen impulsando proyectos contra la labor informativa

Jorge Luis Flores Ancachi, congresista de la bancada de Acción Popular investigado por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su oficina y formar parte del grupo llamado 'Los Niños' y que habría blindado al expresidente Pedro Castillo, es el autor del proyecto de ley que busca prohibir a los conductores, productores y directores de los medios de comunicación a contratar con el Estado hasta 12 meses después de que hayan dejado sus cargos.

La prohibición que propone Flores Ancachi se extendería a cónyuges, convivientes o los parientes del comunicador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, lo que afectaría a padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos del periodista. También a similares parientes de su cónyuge.

La justificación del legislador para proponer la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado es evitar un supuesto beneficio indebido a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita. Sin embargo, para Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), detrás del proyecto hay una venganza contra los periodistas, afectando a sus familiares.

"El proyecto lo que busca es, en primer lugar, lanzar advertencias, amenazas, presentando estos proyectos de ley y si se aprobara es claramente una venganza contra la prensa que precisamente investiga y denuncia los actos irregulares cuando no corrupción claramente o actos delictivos en los que están involucrado lamentablemente mucho de los congresistas que suelen promover estos proyectos de ley", indicó.

No revisó proyecto

El proyecto tiene las firmas de apoyo de los legisladores Elvis Vergara, Gustavo Cordero Jon Tay, Darwin Espinoza Vargas, Luis Aragón Carreño y Wilson Soto. Sin embargo, algunos han marcado distancia, como Elvis Vergara, quien dijo haber suscrito el documento sin revisar su contenido.

"Por apoyar algunos colegas suscribimos algunos proyectos como coautores y suele suceder, no es lo que debería ser, no lo revisamos a profundidad. En este caso, no tenemos problemas, no hay mayor dificultad porque eso pasa a comisión y obviamente se tiene que evaluar y seguramente ahí se va a meditar qué es lo que realmente corresponde", manifestó.

En tanto, Luis Ángel Aragón Carreño, otro legislador que suscribió el documento, pidió al Oficial Mayor de Congreso el retiro de su firma porque el proyecto amenaza con transgredir el derecho fundamental a la libre contratación de los parientes de los profesionales de la comunicación, amparado en la Constitución.

Rechazo al proyecto de ley

El proyecto presentado el 2 de abril recibió el rechazo de legisladores de diferentes bancadas. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, dijo que se pretende amedrentar a los periodistas y adelantó que la iniciativa no será aprobada.

"Creo que es una intimidación que se le quiere hacer a la prensa en nuestro país. Hay mejores medios de cómo autorregularse, pero no de esta manera y como se pretende hacer desde la bancada. Creo que ha sido un grave error la presentación de este proyecto y considero que no va a contar con la aprobación", afirmó.

Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, dijo que el proyecto no tiene sentido ya que los periodistas no son funcionarios públicos.

"Es un proyecto absurdo que solamente busca limitar a los periodistas. Es una suerte de ley mordaza, porque eso va a tratar de disuadir a los periodistas de hacer su trabajo", aseveró.

Otras amenazas

En los últimos años, algunos congresistas han presentado proyectos de ley que buscan penalizar a los periodistas o dificultar su labor. En diciembre del 2023, coincidieron dos iniciativas: una para elevar a 5 años la pena de prisión por difamación, que sigue en comisión, y otra para sancionar a los funcionarios que difundan información reservada de una investigación penal, que fue retirada por su autor.

Roberto Pereira comentó que los políticos denunciados y fiscalizados son quienes impulsan de manera permanente medidas contra los periodistas y su labor informativa.

"Tratando por ejemplo de criminalizar la relación con alguna fuente, incrementando las penas por los eventuales delitos contra el honor y ahora claramente estableciendo una prohibición hacia los periodistas y sus familiares de contratar con el Estado manifiestamente sin justificación alguna", acotó.

Además de los proyectos de ley que impulsan algunos congresistas, los periodistas tienen otras amenazas para cumplir su labor. La organización Reporteros Sin Fronteras informó que el 2023 el Perú retrocedió 33 puestos en materia de libertad de expresión y ocupó el lugar 110 entre 180 países.

Ese mismo año, la Asociación Nacional de Periodistas registró al menos 352 ataques y agresiones contra los comunicadores y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en su informe del 2023, que hay un patrón de hostigamiento judicial contra los periodistas y un constante de acoso y violencia en su contra. A pesar del entorno adverso, la labor de investigación e información periodística no se detendrá.

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