El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, expresó su compromiso para que el tema sea prioridad en la agenda del Pleno del Congreso.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que en la primera semana de marzo se pondrá en la agenda el debate y la votación del dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Desde el Palacio Legislativo, Salhuana Cavides comentó que no se lograron los 78 votos requeridos para realizar una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso; sin embargo, reiteró que la restitución de esta figura será prioridad durante la segunda legislatura, que inicia el 1 de marzo y culmina el 15 de junio.
“Asumo mi compromiso que uno de los primeros temas que vamos a ver en la primera sesión de marzo, va a ser restituir la prisión preliminar para que esto se corrija”, declaró el titular del Parlamento.
“[Mi] compromiso de que en la primera sesión será prioritario”, agregó.
Idas y vueltas en la restitución de la prisión preliminar en casos de no flagrancia
La restitución de la figura ya había sido aprobada por el Legislativo a mediados de diciembre pasado, tras los cuestionamientos del Ministerio Público durante su vigencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la ley, por lo que retornó a la Comisión de Justicia para que se revisen las observaciones planteadas.
El 5 de febrero, la citada comisión aprobó por insistencia la restitución de la prisión preliminar en casos de no flagrancia, y solo estaba pendiente de que el Pleno del Congreso ratificara esta decisión.
Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación en la demora del Congreso para ratificar el dictamen de insistencia.
“No sé qué estará en la cabeza de los señores, pero yo de verdad espero que reflexionen, y con prontitud. Porque esta demora, lo que sí objetivamente puedo decir, porque es lo que se ve, es que le está haciendo mucho daño”, comentó en RPP.
Espinoza precisó que, mientras el Parlamento se demora, los operadores de justicia no tienen la herramienta necesaria para perseguir a los violadores de menores de edad, en casos gravísimos donde no hay flagrancia.
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