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por Sergio Espinoza
·En entrevista exclusiva con RPP, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, también le pidió al Congreso celeridad para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró su pedido al Congreso para que no ratifique, en segunda votación, la modificación de la Ley de Extinción de Dominio vigente, que permite la persecución de los bienes y dineros de origen ilícito o delictivo.
En exclusiva con Ampliación de Noticias, la titular del Ministerio Público alegó que la ratificación del dictamen del proyecto de Ley 3577, aprobado en primera votación el 14 de diciembre pasado, limitaría la lucha del sistema de justicia para perseguir los “bienes mal habidos” producto de la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de drogas, entre otras actividades criminales.
“Estamos llamados a reflexionar y pedirles que piensen, que esa primera votación no puede convertirse en una segunda para aprobar esta ley”, declaró.
Así, Espinoza Valenzuela precisó que, de modificarse la normativa, están en riesgo más de 5 500 procesos quedarían impunes, porque solo se podrían incautar los bienes cuando exista una sentencia firme y ya no durante la investigación, lo que facilitaría que los criminales puedan utilizar testaferros, transferir o desaparecer los bienes obtenidos de manera ilícita.
La figura de extinción de dominio permite al Estado retirar la propiedad de bienes relacionados con actividades ilícitas, a fin de que no sean utilizados para cometer delitos. Fuente: Andina
“Si se espera hasta una sentencia, todo ese camino largo va a permitir que los bienes mal habidos sean ocultados, ya desaparecidos prácticamente, ese es el problema, ese es un riesgo gravísimo”, advirtió.
Asimismo, explicó que este cambio permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años y prescriban en este tiempo, una situación que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas.
“Las investigaciones no son rápidas, no son fáciles, se rehúye mucho a la probanza. Por eso, con estos cinco años, cinco años, un día, ya no se puede perseguir nada, ya no se puede incautar o decomisar nada. Eso sí es un riesgo gravísimo”, apuntó.
¿Qué casos serían beneficiados con la eventual modificación de la ley?
En ese sentido, la fiscal de la Nación nombró que entre los procesos que se verían beneficiados figuran los bienes patrimoniales presuntamente adquiridos ilícitamente por Rolando Orellana Rengifo, Lucio Tijero Guzmán y personas vinculadas al camarada ‘Artemio’
También inmuebles vinculados a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, y el prófugo gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.
“Solamente con esta pequeña lista de ejemplos, graficamos claramente que ya no se podría perseguir estos casos. Esta figura viene golpeando seriamente a las organizaciones criminales”, alegó.
Consultada por las críticas que existen sobre la falta de mantenimiento a los bienes incautados, la titular del Ministerio Público respondió que es potestad del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) velar por el estado de los bienes.
“Ahí, el Ministerio Público no tiene la responsabilidad de conservar, de darle mantenimiento, de limpiar la casa. […] Si no se está dando el cuidado respectivo, eso es responsabilidad del Ministerio de Justicia a través de Pronabi. El Ministerio Público, por otro lado, en su esfera de investigación, si hay demoras, es por la complejidad de los casos”, finalizó.
Delia Espinoza pide celerirdad para restituir la prisión preliminar en casos de no flagrancia
De otro lado, la titular del Ministerio Público expresó su preocupación en la demora en el Pleno del Congreso para ratificar el dictamen de insistencia, aprobado en la Comisión de Justicia, que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“No sé qué estará en la cabeza de los señores, pero yo de verdad espero que reflexionen y con prontitud. Porque esta demora, lo que sí objetivamente puedo decir, porque es lo que se ve, es que le está haciendo mucho daño”, comentó.
Espinoza precisó que, mientras el Parlamento se demora, los operadores de justicia no tienen la herramienta necesaria para perseguir a los violadores de menores de edad, en casos gravísimos donde no hay flagrancia.
“Mucho daño esa demora a los casos que tenemos a nivel nacional. No todo se está publicitando, pero en este momento hay casos que no son en flagrancia y que son lo más graves. Solamente hablemos de uno: violación de menores”, alertó.
Preguntada si es que hay intereses particulares en el Legislativo, le jefa del Ministerio Público respondió: “No lo sé. No podría afirmar ni negarlo”.
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