En segunda votación, el Congreso de la República mandó al archivo el proyecto de ley que planteaba modificar los códigos Civil y Penal para elevar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación. Además, se presentó una reconsideración pero no llegaron a los votos.
Con 46 votos a favor, 56 en contra y cinco abstenciones el Congreso rechazó en segunda votación la ‘Ley Mordaza’, el proyecto de ley que plantea modificar los códigos Civil y Penal para elevar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación. En consecuencia, pasó al archivo.
Posteriormente, congresistas de izquierda presentaron una reconsideración a la segunda votación para aprobar la ‘Ley Mordaza’; sin embargo, no se consiguieron los votos —48 a favor, 52 en contra y cuatro abstenciones—. El 4 de mayo, el dictamen había sido aprobado sin debate, en primera votación, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto de ley tenía como objetivo el incremento de sanciones "por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva".
Además, el texto sustitutorio de la iniciativa señalaba que si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
La semana pasada, el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), presentó un cuarto intermedio para evaluar los comentarios que había recibido el proyecto de ley por parte de congresistas, periodistas y gremios periodísticos. Finalmente, no se aprobó ante la falta de consenso entre los parlamentarios.
Organizaciones de prensa se pronunciaron
Luego de aprobarse en primera votación, gremios periodísticos mostraron su posición en contra de la propuesta legislativa.
La presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que estas iniciativas parlamentarias buscan coactar a la prensa y que, el proyecto referido a la difamación, busca amedrentar a los y las periodistas.
"Desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), hemos calificado el proyecto de ley (...) como desmedido, inhibitorio y contrario a la libertad de expresión, porque lo que se pretende es justamente convertir en cárcel efectiva lo que podría resultar una sentencia por el tema de difamación", sostuvo.
En ese sentido, consideró que una denuncia por difamación es, en realidad, una excusa para detener investigaciones periodísticas.
Por su parte, Roberto Pereira, abogado constitucionalista y asesor del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), indicó que dicho proyecto plantea modificaciones “carentes de rigor técnico por innecesarias".
“La misma crítica es aplicable a la propuesta de modificar el artículo 1969 del Código Civil que regula la responsabilidad civil extracontractual, para abundar que también se genera este tipo de responsabilidad en los casos de los delitos de calumnia y difamación”, sostuvo.
Asimismo, sobre el incremento de las penas, indicó que se hizo sin ofrecer explicaciones técnicas ni razonables para ello.
“En esa línea, lo más grave por peligroso es que está proponiendo la posibilidad de pena de cárcel efectiva en los casos de difamación a través de medios de comunicación social, redes sociales o internet en general”, resaltó.
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