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La congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, fue denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación en dos ocasiones. La primera por los presuntos delitos de concusión y colusión, y la segunda por supuesto tráfico de influencias.
El Congreso de la República inició este lunes la instalación de las comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2025-2026, el último año de la actual Representación Nacional. Estas actividades implicaron la elección de la mesa directiva de cada grupo de trabajo, conformada por un presidente, vicepresidente y secretario.
En ese sentido, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) designó a Magaly Ruiz como miembro titular de la Comisión de Trabajo del Congreso. Además, la parlamentaria fue escogida como presidenta de la Comisión de Salud.
No obstante, Ruiz Rodríguez tiene dos denuncias constitucionales pendientes que fueron interpuestas por la Fiscalía de la Nación. La primera fue en abril de 2024 por los presuntos delitos de concusión y colusión. La segunda data de julio de ese año, por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Según información del Ministerio Público, pese a que ambas fueron interpuestas hace más de un año, no han sido abordadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, en la anterior legislatura, estuvo presidida por María Acuña, también de la bancada de APP.
Caso Mochasueldos y tráfico de influencias
La denuncia constitucional por los presuntos delitos de concusión y colusión responden a una investigación fiscal que se abrió contra Magaly Ruiz por presuntos recortes de sueldo a sus trabajadores y contratos irregulares en el Parlamento.
En 2023, el dominical Punto Final reveló el testimonio de Carlos Marina Puscán, trabajador de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que lideraba Ruiz Rodríguez, quien aseguraba que la parlamentaria le cobraba S/ 1 500 mensuales por mantenerse en su puesto laboral.
De acuerdo con su testimonio, Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de Magaly Ruiz, era el encargado del cobro de cupos, “un día o dos días después” de que el Legislativo le abonara su remuneración.
Además, se señaló que la parlamentaria contrató en su despacho a Camila Melissa Mantilla Heredia, quien sería pareja sentimental de su hijo Jeffrey Marrufo. Mantilla habría sido contratada entre febrero de 2022 y marzo de 2023, y en su currículum vitae habría declarado información falsa respecto a su experiencia laboral.
Asimismo, la denuncia constitucional por presunto tráfico de influencias se remonta a un reportaje publicado por el mismo medio en abril de 2024, que reveló que la congresista de APP habría negociado con el fiscal de lavado de activos Richard Rojas para enviar al archivo la primera investigación fiscal en su contra.
"Ella me dice: 'Vamos a visitar a este fiscal para que nos dé algún asesoramiento y ayuda para poder salvarnos de este problema'", dijo a Punto Final el exasesor parlamentario Johnny Romero, quien laboró para la congresista de Alianza para el Progreso (APP).
Romero detalló que junto a la legisladora acudió a la casa del fiscal Rojas Gómez, ubicada en el distrito de Pueblo Libre. "Estábamos la congresista, el fiscal, su hermano del fiscal y mi persona. Él escucha el caso, promete ayudar en este problema, pero esa ayuda tenía un costo y era que el hermano entre a trabajar al despacho", remarcó.
El hermano del fiscal era Álex Rojas, quien entre octubre de 2021 y julio de 2022 trabajó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Durante ese periodo, el hermano del fiscal provincial ganó S/5 049. Luego, desde septiembre de 2022 fue auxiliar del Departamento de Comisiones, con una remuneración inferior de S/2 819, fuera de bonos.
Posteriormente, después de la supuesta reunión entre su hermano y Magaly Ruíz, entró a trabajar nuevamente al Parlamento el 14 de marzo de 2023 como asesor II en el despacho de la cuestionada congresista, con una remuneración de S/9 311, cargo que ostentó hasta agosto de 2023.
Vicepresidenta de Comisión de Salud también tiene una denuncia constitucional pendiente
Cabe resaltar que Kelly Portalatino (Perú Libre) acompañará a Ruiz como vicepresidenta de la Comisión de Salud. Dicha congresista también fue denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación, en febrero pasado, por el presunto delito de negociación incompatible.
Según el Ministerio Público, la parlamentaria Portalatino, cuando era ministra de Salud en el 2022, habría inducido a José Celiz, jefe del Gabinete de Asesores de la alta dirección del Minsa, a que se fije en la contratación del señor Rommy Vásquez para el puesto de asistente administrativo.
La Fiscalía también investiga a Kelly Portalatino por presuntamente instigar a su colega Silvia Monteza Facho para la contratación de Rommy Vásquez en el 2023 para un puesto de técnico en la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso.
El Ministerio Público señaló que Monteza se habría interesado en la contratación de Vásquez Yáñez, por lo que presuntamente dispuso a Jimmy Torres Sías, su personal de confianza, que gestione dicha contratación, la cual se concretó el 5 de abril de 2023.
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