La primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso acumula 58 carpetas fiscales abiertas

La primera lista para la Mesa Directiva del Congreso de la República, está conformada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País). Dos de los postulantes registran carpetas fiscales abiertas en su contra, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público, luego de que RPP Data solicitara la consulta de casos fiscales mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

El primero es Alejandro Soto Reyes, quien postula como Presidente a la Mesa Directiva y que tiene 53 carpetas abiertas en la Fiscalía, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros. El segundo es Waldemar Cerrón, candidato a la segunda vicepresidencia, con cinco investigaciones abiertas, cuatro de ellas por lavado de activos. En el caso de Soto Reyes, la mayoría de casos se encuentra en el Distrito Fiscal del Cusco; en el de Cerrón, en el Distrito Fiscal de Junín.

En el caso de los congresistas Roselli Amuruz y Nano Guerra-García, ambos no registran denuncias ni investigaciones abiertas en su contra, según los datos oficiales.

Pero, ¿qué significa tener una carpeta fiscal abierta? El abogado penalista Aldo Cárdenas explica que esto significa tener una investigación frente al Ministerio Público y en la que uno puede ejercer el derecho a la defensa.

"Otra de las implicancias es que, si se encuentran indicios de la responsabilidad de la persona y la comisión del delito, se puede formalizar la investigación preparatoria y solicitar a un juez medidas como incautación o incluso prisión preventiva", explica.

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¿Representantes éticos?

El perfil de los miembros de la Mesa Directiva, especialmente el del próximo presidente o presidenta del Congreso, tiene que ser incuestionable a nivel ético, sostiene la politóloga Katherine Zegarra.

"Esto es fundamental para que exista un mínimo de confianza ciudadana. Lamentablemente, la imagen del Congreso está muy venida a menos", comenta.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República indica que el 90.4% de la ciudadanía reprueba el desempeño del Congreso y un 78% cree que hace abuso de su poder.

"Es una tarea que deben buscar cumplir todos los parlamentarios, especialmente el próximo presidente del Congreso: aumentar la confianza ciudadana y representar los intereses ciudadanos, mas no los intereses privados que se tienen dentro del Parlamento", agrega Zegarra.

Este miércoles 26 de julio, a las 10 de la mañana, se realizará la votación para la Mesa Directiva (2023-2024). Hasta el cierre de este informe solo se había inscrito la lista multipartidaria descrita en esta nota.