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El ministro del Interior indicó que la propuesta del Ejecutivo es que quienes incurran en terrorismo urbano tengan penas de cárcel no menores de 30 años y que puedan ser recluidos en el penal de la DINOES o el de la Base Naval.
Este martes, se llevó a cabo la Mesa Técnica del Congreso, convocada por el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado para abordar un marco legal que permita luchar efectivamente contra la criminalidad.
Entre los puntos que se abordaron estuvo el Proyecto de Ley N° 9085, presentado por el Ejecutivo en octubre del año pasado, que estipula la incorporación de la figura de terrorismo urbano al Código Penal, además de otras modificaciones de dicho texto para incrementar las penas a los delitos de sicariato y extorsión.
Al respecto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se presentó como representante del Gobierno para exponer los alcances de dicho proyecto. También compartieron sus opiniones la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el asesor del depacho de la fiscal de la Nación, Jorge Rojas Yataco; y el presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, Isaac Mita, entre otros.
Santiváñez: Terrorismo urbano "implica la posibilidad de la intervención de las FF.AA."
El ministro del Interior indicó que la figura de terrorismo urbano "resulta necesaria" porque la calificación de ese tipo penal "implica cuestiones más allá de tener una pena más elevada del delito", como la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
"La calificación de una conducta como terrorista, por ejemplo, implica la posibilidad de la intervención de las FF.AA. en la persecución de este delito, porque están reconocidas para ejercer poderes contra un enemigo en común y, en este caso, serían las organizaciones criminales calificadas bajo esta figura", explicó.
"¿Por qué la incorporación de terrorismo urbano en los delitos de sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato y extorsión? Porque son conductas delictivas que, desde el Ejecutivo, hemos advertido que son aquellas que, hoy por hoy, están poniendo en vilo la seguridad del país", añadió.
El titular del Mininter indicó también que las penas de cárcel a quienes incurran en terrorismo urbano no serán menores a 30 años, y que habría la posibilidad que los cabecillas de las bandas dedicadas a estos crímenes puedan ser internados en los penales de la DINOES o de la Base Naval.
“La conducta que cause terror o zozobra en la población, a través de la comisión de cualquiera de estos delitos, tiene que ser reprimida con una pena de libertad no menor de 30 años", resaltó.
"Algunos podrán decir que las penas ya están previstas en el Código Penal y que esto sería un cambio de nomenclatura. Esto no es cierto, porque el hecho de que una conducta sea calificada como terrorista implica un cambio del sistema, porque el delito ya no puede ser perseguido por un fiscal común, sino por un fiscal especializado en delitos de terrorismo […] Ya no lo va a juzgar un juez común, sino un juez especializado en delitos de terrorismo. El procurador que va a representar al Estado va a ser el procurador especializado en delitos de terrorismo. Y si es un cabecilla […], también puede ser enviado no a un penal cualquiera, sino a la DINOES o a la Base Naval, porque es delito de terrorismo", agregó.
Adicional a ello, Santiváñez Antúnez llamó a los tres poderes del Estado y a los representantes de las entidades presentes a suscribir un "pacto por la seguridad" donde se garantice que los policías no sean "perseguidos judicialmente" por hacer uso de su arma de fuego en el ejercicio de sus funciones.
"Queremos solicitar la suscripcion de un pacto por la seguridad en donde firmen todos, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, y dentro de ese pacto se garantice que la Policía y que sus efectivos, en el uso legítimo y legal de sus armas de fuego, no van a ser perseguidos judicialmente. Necesitamos eso para poder continuar en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad", puntualizó.
Santiváñez Antúnez llamó a los tres poderes del Estado y a los representantes de las entidades presentes a suscribir un "pacto por la seguridad".Fuente: Congreso de la República
Janet Tello: "Mi posición no es en contra"
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, consideró que su institución podría "revisar los elementos típicos que constituyen" la figura penal de terrorismo y que, en ese sentido, su posición no era contraria a incorporar otros elementos a la misma.
“Como quiera que existe la figura del delito de terrorismo dentro de lo que es contra la tranquilidad y seguridad pública en el Código Penal, la propuesta del Poder Judicial es que podríamos revisar los elementos típicos que constituyen o que configuran esta figura, de tal manera que pudiera ser que los alcances de todos los elementos que lo conforman podrían también alcanzar para considerar el terrorismo cuando se comete ya no en el campo, sino en lo urbano, en la ciudad", señaló.
"Por eso es que mi posición no es en contra, consideramos que en muchas situaciones el Código Penal regula las figuras penales con bastante minuciosidad, respetando el principio de especialidad […] Podríamos considerar que la posibilidad de este análisis de la figura penal, que ya tenemos en el Código Penal, tiende a regular sus efectos sobre estos hechos que se están presentando, como fue el atentado contra el local del Ministerio Público en La Libertad", agregó.
En esa línea, Tello Gilardi recalcó que "dependiendo de ese análisis" que haga el Poder Judicial, podría pronunciarse "si es que es o no necesaria la creación de una nueva figura penal", como terrorismo urbano.
Janet Tello: "Mi posición no es en contra".Fuente: Congreso de la República
Rojas Yataco: La propuesta "debe revisarse muy detenidamente"
Jorge Rojas Yataco, asesor del depacho de la fiscal de la Nación, quien acudió a la sesión en representación suya, indicó que la propuesta del Ejecutivo "debe revisarse muy detenidamente", dado que busca "agravar las penas" sobre delitos que ya están "prescritos en el Código Penal".
“La propuesta que siempre se hace es de incrementar las penas […] Lo que hace es agravar las penas en base a los delitos de sicariato, conspiración de sicariato, el delito de secuestro y el delito de extorsión, que ya de por sí están prescritos en el Código Penal, incluso algunos de ellos, como el secuestro, con una pena de cadena perpetua”, sostuvo.
“La propuesta debe revisarse muy detenidamente para establecer, sobre todo la configuración del tipo penal, sobre todo los verbos rectores que en este tipo penal se establecen”, agregó.
Además, Rojas Yataco hizo énfasis en que en el presupuesto para este año fiscal no se ha asignado al Ministerio Público los recursos suficientes para luchar contra la criminalidad.
“Lamentablemente, el presupuesto que se nos ha asignado es insuficente para poder luchar contra la criminalidad que día a día se está presentando”, puntualizó.
Rojas Yataco, asesor de la fiscal de la Nación, consideró que la propuesta debe revisarse detenidamente, pues la extorsión y el sicariato ya tienen penas considerables. Fuente: Congreso de la República
Isaac Mita: "Significaría terruquear a la poblacion y cometer errores que se cometieron en el pasado"
A su vez, Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, indicó que, actualmente, hay un dictamen de su grupo de trabajo, que estipula el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, que está pendiente de una segunda votación en el pleno del Congreso. Además, señaló que el Ejecutivo presentó fuera de tiempo su proyecto sobre terrorismo urbano.
Mita sostuvo también que “había que escuchar a la población”, ya que, en su momento, hubo oposición ciudadana a la propuesta sobre terrorismo urbano, pues se consideró que vulneraba el derecho a la protesta.
“Creo que hay que escuchar a la población también. No podemos decir acá que lo que decidamos hoy va a ser la solución, porque hemos visto esas marchas enormes en contra de este proyecto del terrorismo urbano. Significaría, como dicen los mismos manifestantes, como muchos de ellos son dirigentes, trabajadores, así como empresarios que han participado [en marchas], significaría terruquear a la poblacion y cometer errores que se cometieron en el pasado", indicó.
"Eso significaría crear mayor violencia en la sociedad. No podemos nosotros seguir alimentando esa propuesta. Bien lo ha decidido esta comisión, así como las mismas bancadas, lo cual todos expresaron en ese dictamen que hoy espera la segunda votación”, puntualizó.
Isaac Mita: "Eso significaría crear mayor violencia en la sociedad"Fuente: Congreso de la República
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