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Lucio Castro, secretario general del SUTEP, indicó que su gremio exigirá que se "termine publicando y promulgando" la ley que ayer se aprobó en el Congreso, pese a que el Ejecutivo consideró "inviable" el dictamen de la propuesta.
El pleno del Congreso aprobó ayer, jueves, en segunda votación, el dictamen que plantea el incremento de pensiones a maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial.
De este modo, con 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones, quedó expédita para ser remitida al Ejecutivo la propuesta que establece el otorgamiento de una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, es decir de S/3 300.
Al respecto, Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), en diálogo con RPP, indicó que su gremio se mantendrá en lucha exigiendo que el Gobierno promulgue la norma.
"La historia nos indica que cuando se ha tratado de una atención a los trabajadores, la respuesta del Estado siempre ha sido negativa. No se puede, no hay plata. Hoy eso se repite y eso se ha conseguido no por generación del gobierno, sino por lucha de los trabajadores. Hoy volvemos a ese caminar de exigencia y seguramente de lucha para asegurar que el Estado termine publicando y promulgando esta ley", señaló.
"Ha dicho el ministro [de Economía] que no hay economía, que esto va a tener un impacto económico, y nosotros decimos que se requiere, primero, justicia social; se requiere decisión política. Se nos dice que hay más de 87 mil millones de reservas. Hace poco el Congreso emitió una ley en la que se establecía que los empresarios agroexportadores iban a ser exonerados de impuestos y esto significa que el Estado pierda más o menos 1800 millones de soles, agregó.
Consultado por los fondos con los que se financiaría el incremento de las pensiones, Castro Chipana aseveró que el Sutep ha planteado propuestas al respecto.
"La propuesta del Sutep [es que] aquellos que están en el sistema privado, desarrollando educación, hagan lo que no están haciendo [que es] pagar impuestos. Y como hay intereses en el Congreso, de gente que representa al sistema privado, dijeron no. La segunda propuesta fue, entonces, ahora que los 420 mil trabajadores pagan un impuesto a la quinta categoría, porque la remuneración ha mejorado, entonces se genera un fondo importante que va a cubrir esta necesidad. Y aquí, definitivamente, entra ya a tallar el tema de decisión política", sostuvo.
"Todos los profesores activos, nombrados, que están en las distintas escalas del sistema regulado por la ley de reforma, pagan un impuesto a la quinta categoría, que no es menos de 300 y que llega hasta más de mil soles, de acuerdo a la escala en la que estás. Por lo tanto, se genera un fondo importante y este fondo va a servir para cubrir esta necesidad, esta demanda justa y natural de los cesantes y jubilados", añadió.
Castro también resaltó que, desde hace 30 años, los docentes se mantuvieron con las mismas pensiones y que la nueva normativa beneficiará a un promedio de 162 mil maestros.
"Después de, más o menos, 30 años, los trabajadores están viéndose dignificados. Son 162 mil trabajadores. Hoy hay trabajadores que tienen pensiones de 472 soles, los que están en el sistema privado. 650 a 700, los que están en la [Ley] 19990. Y los que están en la [Ley] 20530, 1000 a 1100 soles. Con esa cantidad, definitivamente, no se vive, se subsiste. Nuestro saludo a aquellos congresistas que han respaldado la propuesta del Sutep y han respaldado esta primera y segunda votación", enfatizó.
Ejecutivo consideró inviable la propuesta
No obstante, el Ejecutivo ha señalado que la propuesta no es viable. Esta premisa se desprende de las opiniones que diversos sectores ministeriales emitieron sobre los proyectos de ley que componen el dictamen, cuando se encontraban siendo debatido en la Comisión de Economía del Parlamento.
De esto modo, el Ministerio de Economía (MEF) consideró que la propuesta "no es técnicamente viable" pues, entre otros motivos, se señalaba que carecía "de un estudio de costo-beneficio que permita asegurar su sostenibilidad financiera en el tiempo".
"A pesar de que se argumenta que el proyecto beneficiaría a 120,000 docentes cesantes y jubilados, no se presenta un análisis actuarial adecuado que respalde dicha afirmación ni se evalúa el impacto en las finanzas públicas a largo plazo", indicó el sector.
Asimismo, se destacó que las "propuestas de aumento de pensión no cumplen con los principios de sostenibilidad financiera establecidos en la Constitución, ya que podrían generar gastos fiscales adicionales sin un financiamiento claro".
"Además, el proyecto contraviene el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas proponer iniciativas de gasto público sin la debida aprobación [...] El proyecto no debería ser aprobado sin una evaluación más profunda de su impacto económico", remarcaron.
Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) concluyó que la iniciativa "no es viable legal ni presupuestariamente".
"La Oficina General de Asesoría Jurídica del Minedu señala que la propuesta de homologar las pensiones a la primera escala de la Ley 29944 (Ley de Reforma Magisterial) contradice la normativa vigente, particularmente en lo relacionado con la prohibición de nivelar pensiones con las remuneraciones activas, lo cual está prohibido por la Ley 28449. Además, la propuesta generaría discriminación entre los pensionistas, dado que solo afectaría a los exdocentes, dejando de lado a otros pensionistas de diferentes sectores públicos y privados", indicaron en su informe.
El sector Educación señaló también que el proyecto no incluía "un análisis adecuado de sostenibilidad presupuestaria ni considera los impactos fiscales a largo plazo, lo que compromete su viabilidad financiera".
A su vez, el Ministerio de Trabajo (MTPE) señaló que el proyecto "no es viable debido a la falta de un análisis detallado de los impactos económicos y financieros".
"La propuesta busca modificar las reglas para el reajuste de pensiones de los pensionistas mayores de 65 años, con un reajuste anual que se ajustaría a las variaciones en el costo de vida y la capacidad financiera del Estado. Sin embargo [...], no se ha incluido un estudio actuarial ni un análisis costo-beneficio, elementos esenciales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", alegaron.
El MTPE indicó también que el proyecto "podría generar un aumento en el gasto público y poner en riesgo el equilibrio presupuestario", por lo que recomendó que este sea evaluado por el MEF y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) "para emitir una opinión técnica y considerar su viabilidad en función de los recursos disponibles".
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