Waldemar Cerrón propone que Congreso fiscalice jueces y fiscales: ¿qué dice el proyecto y por qué se considera antidemocrático?

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), presentó, el último miércoles, un proyecto de ley que tiene como finalidad "fortalecer la labor de fiscalización del Legislativo, a la función de los jueces y fiscales a nivel nacional conforme a los alcances facultados por la Constitución"; es decir, que el Congreso fiscalice a jueces y fiscales. 

Dicha propuesta ya se encuentra desde ayer en la Comisión de Constitución del Parlamento, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, donde será debatida y votada. No obstante, el proyecto ya ha sido rechazado por el Ministerio de Justicia; por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; y por el Colegio de Abogados de Lima.

¿Qué dice la iniciativa legislativa de Cerrón Rojas y por qué ha sido considerado por Arévalo Vela de tener un "espíritu autoritario"?

¿Qué dice el proyecto de Waldemar Cerrón?

El proyecto de ley de Waldemar Cerrón propone la inclusión de un numeral en el artículo 35 del Reglamento del Congreso para crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales. En ese sentido, el parlamentario propone que dicha nueva comisión sea parte de las comisiones ordinarias del Legislativo.

En sus fundamentos, Cerrón señala una nota periodística que da cuenta de una encuesta de Datum de marzo de este año que indica "que el 85 % de los peruanos no confían en el Poder Judicial" y que "el 73 % de quienes participaron en la encuesta indicaron que desconfían" del Ministerio Público. 

Asimismo, señala dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que indican que el reglamento del Parlamento "no solo tiene fuerza de ley, sino también naturaleza de ley orgánica", y que "la función legislativa (...) incluye la de control político o función propiamente fiscalizadora".

"En el contexto de la función propiamente fiscalizadora, una de las formas a través de las cuales aquella se visibiliza con mayor nitidez, viene configurada por la posibilidad de conformar comisiones investigadoras (ya que) el control que ellas ejercen es sobre la moralidad pública y el desempeño correcto de los altos funcionarios", cita el proyecto.

Además, indica que "los legisladores cuentan con el encargo directo de la población para fiscalizar a todas las instituciones públicas y mixtas sin excepción alguna, por tanto, el Poder Judicial no puede estar ajeno de ser fiscalizado por un ente que cuenta la representación directa de la población".

"Es importante tener en cuenta que el rol fiscalizador del Legislativo se ubica como uno de los entes más legitimados para emprender el rol fiscalizador a todas las entidades públicas sin excepción, por lo mismo que representa de forma directa a la voluntad de la sociedad, el cual es la razón de ser del Estado", añade.

La propuesta indica también que, aunque "exista(n) entes que aparentemente tienen el rol fiscalizador, esta no es suficiente por cuanto estas instituciones no representan de forma directa a la sociedad".

"Los legisladores son los únicos representantes directos de la sociedad que pueden trasladarse a nivel nacional, sin restricción alguna y entrar en contacto directo de los mismos y de esa se cumple con la satisfacción de uno de los elementos del Estado, a diferencia de los jueces y fiscales quienes se encuentran sujeto a la a un determinado espacio jurisdiccional. Por tanto, es completamente lícito crear una comisión ordinaria de fiscalización de los jueces y fiscales", sostiene.

"Esta normativa busca promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales", agrega. 

Minjus: "Contraviene la independencia y autonomía" del sistema de justicia

A través de un pronunciamiento difundido este viernes en la red social X, el Ministerio de Justicia (Minjus) indicó que la propuesta "resulta incompatible con nuestra Constitución, al efectuar el principio de separación de poderes, lo que resulta contrario a un Estado constitucional de derecho y afecta al sistema democrático".

"Establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia porque permitiría la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales que deben quedar excluidas de toda influencia y protegidas frente a cualquier presión indebida", indicó el ministerio.

Asimismo, el Minjus indicó que la "preocupación legítima" respecto a las "deficiencias en el sistema judicial, las irregularidades e inconductas en que incurren algunos jueces y fiscales" se encuentra "absuelta ya por nuestro propio diseño constitucional", por instituciones como la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia y las autoridades nacionales de control".

"Invocamos a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y a la JNJ a escuchar el clamor ciudadano y la legítima preocupación del Congreso, determinando con prontitud la responsabilidad funcional que les pudiera corresponder a jueces y fiscales", puntualiza. 

📄 #Comunicado | En relación a la iniciativa legislativa N.° 8678/2024-CR, que propone modificar el Reglamento del Congreso de la República para crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/xvTNkKdeAh

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) August 23, 2024

Javier Arévalo: "No vamos a someternos a ninguna tentación totalitaria"

Al respecto, en un mensaje a la Nación emitido ayer, jueves, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, rechazó esta propuesta a la cual calificó como "antidemocrática y anticonstitucional".

"Este proyecto que, aparentemente, tendría una función de control, en realidad es un proyecto antidemocrático y anticonstitucional que refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de la administración de justicia. Por eso, rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza”, señaló. 

En ese sentido, indicó que su sector "no va a aceptar iniciativas de este tipo y luchará en defensa de sus fueros y su autonomía".

"No vamos a someternos a ninguna tentación totalitaria venga de donde venga, y defenderemos la democracia y la independencia judicial en todas las formas que nos permite el ordenamiento legal", aseveró.

Finalmente, exhortó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), para que revise "este tipo de proyectos que solo contribuyen al enfrentamiento innecesario entre poderes del Estado y que, por supuesto, dañan la imagen de nuestra patria".

"El Poder Judicial actuará independientemente, aunque eso no sea del agrado de ciertos sectores porque sobre todo nos debemos a la Constitución y a la ley", puntualizó.

Colegio de Abogados de Lima: "Vulnera el principio de separación de poderes en el Estado".

Por su parte, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un pronunciamiento en el que rechazó la propuesta de Waldemar Cerrón "por vulnerar el principio de separación de poderes en el Estado".

"El Congreso no puede interferir en la labor de otro poder del Estado, como el Poder Judicial, dado que pondría en peligro la democracia en el país", indica el comunicado. 

"La propuesta legislativa demuestra un grave desconocimiento, puesto que en la estructura del Estado peruano existen organismos constitucionales y jurisdiccionales competentes para fiscalizar la labor de los jueces y fiscales a nivel nacional. En ese sentido, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son los entes competentes para pronunciarse sobre el actuar de dichos funcionarios, siendo este último el encargado de nombrarlos y revocarlos por falta grave", añade.

Asimismo, el CAL indicó que la propuesta de Cerrón es inconstitucional "en la medida que vulnera principios fundamentales de la separación democrática de poderes y de la división funcional, desconociendo las responsabilidades de la JNJ contempladas en nuestra Carta Magna".  

🔵📢 #LoÚltimo | Colegio de Abogados de Lima se pronuncia sobre proyecto de ley que crea la Comisión de fiscalización de jueces y fiscales, a propuesta del congresista #WaldemarCerrón, por vulnerar el principio de separación de poderes en el Estado.

En ese sentido, el Congreso… pic.twitter.com/IUmeN550Gy

— Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) August 23, 2024

Presidente del Congreso: "No es la Mesa Directiva, es un vicepresidente"

Consultado por este tema, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), señaló que no es una propuesta de la mesa directiva parlamentaria, sino de un vicepresidente que actúa conforme su partido político.

"Yo, personalmente, no comparto sus puntos de vista. Él tiene derecho, como congresista, pero en mi calidad de parlamentario también, no tengo la misma opinión, no respaldo esas iniciativas; no es la Mesa Directiva es un vicepresidente, que forma parte de un partido político que tiene derecho a esa iniciativa parlamentaria. Cada bancada parlamentaria tiene sus representantes en cada comisión; entonces, cada bancada tiene que asumir su responsabilidad”, aseveró. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, indicó que los cuestionamientos al proyecto que ha presentado el congresista de Perú Libre, son minucias, "son temas irrelevantes", y que hay que darle prioridad a la falta de agua, a temas de agricultura.

Waldemar Cerrón es investigado por la Fiscalía

Cabe resaltar que el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal al ser sindicado como supuesto integrante de la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, caso en el que también es investigado su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón.

Como se sabe, la tesis fiscal es que esta presunta organización criminal habría operado entre el 2019 y el 2021, cuando supuestos allegados al partido Perú Libre, que trabajaban en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, habrían buscado obtener ganancias ilícitas a través del direccionamiento del trámite y emisión de licencias de conducir, entre otros actos ilícitos.

Además, se señala que estos supuestos hechos ilícitos habrían generado fondos para financiar la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo y para los procesos penales pendientes de Vladimir Cerrón. 

Ante ello, los referidos hermanos Cerrón presentaron ante el Poder Judicial, por separado, recursos de excepción de improcedencia de acción a través de los cuales solicitan que se archive el proceso penal por ese caso, al amparo de la reciente Ley 32108, que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado, recientemente  promulgada por el Congreso al no haber sido observada ni promulgada por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, un informe de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos pidió denunciar constitucionalmente a Waldemar Cerrón y a la presidenta de la república, Dina Boluarte, por "presuntos hechos ilícitos que habrían sido realizados por los investigados (...) durante el tiempo en que vienen ostentando los cargos" que tienen. 

Esto debido a la "influencia de la organización criminal Perú Libre en la promulgación de leyes", que operaría como una suerte de brazo legal transversal entre el Congreso y el Ejecutivo.

Entre estas leyes, la Fiscalía señaló al proyecto de ley que Reconoce a los Partidos Políticos como Asociaciones de Interés Público y su No Criminalización, presentado en octubre del 2023 y promulgado como ley por el Congreso, al no ser observado por el Ejecutivo, el pasado 10 de junio en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.  

Además, Waldemar Cerrón presentó el proyecto de ley que modifica la Ley contra el crimen organizado, el cual exige a la Fiscalía que allane a los investigados por dicho ilícito solo con la presencia "del interesado y de su abogado". Al igual que la norma anterior, esta fue promulgada por insistencia, el pasado 9 de agosto, al no ser observada por la Presidencia.