El congresista quiere romper el equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; atribuyendo un poder investigador y sancionador al Congreso.
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El sistema judicial de nuestro país tiene sin duda defectos y carencias, pero ha logrado preservar su independencia. La prueba es que la Fiscalía y el Poder Judicial han llevado a cabo investigaciones y acusaciones a personalidades de todo el espectro político, cada una de las cuales se siente víctima de sesgos y ensañamientos.
Basta ver lo que pasa en Venezuela para saber a qué conduce el sometimiento del sistema de Justicia a la voluntad ilimitada de otro poder del Estado. Ayer, el Tribunal Supremo de Venezuela ha hecho exactamente lo que Nicolás Maduro pedía, lo que no sorprende cuando uno asume que la presidenta de ese Tribunal es una militante del partido oficialista, nombrada precisamente por Maduro.
En el Perú, desde nuestra primera constitución hemos adoptado el modelo de separación de poderes, inspirado por el filósofo inglés John Locke y el francés Montesquieu. Precisamente ese equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es el que quiere romper el congresista Waldemar Cerrón, atribuyendo un poder investigador y sancionador al Congreso.
Cerrón propone que se cree una nueva Comisión ordinaria, la vigésimo quinta, para investigar y sancionar a jueces y fiscales. Cerrón es miembro de Perú Libre, partido cuyo fundador, su hermano Vladimir, es prófugo de la Justicia. Lejos de actuar con prudencia para no legislar en beneficio de su hermano y de su partido, Waldemar Cerrón arremete contra la autonomía constitucional de la Justicia. Y desconoce la existencia y las funciones de la Junta Nacional de Justicia, que con muchas dificultades sobrevivió a la voluntad de someterla que mostró una mayoría de congresistas.
Waldemar Cerrón no es sino un caso más entre muchos otros justiciables con poder que pretenden ponerse por encima de la Justicia. Lo hizo Alejandro Soto, al votar la llamada Ley Soto, que oportunamente lo salvó de la cárcel. Renunciar a la autonomía de instituciones independientes es el primer paso hacia la concentración autoritaria del poder, es decir el camino que ha llevado progresivamente a Venezuela a la dictadura que ahora pretende quedarse seis años más.
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