Congreso
Un posible cambio de Constitución debe aprobarse por mayoría en el Congreso. | Fuente: Andina

Antes de que el nuevo coronavirus pusiera al mundo en cuarentena, el Perú era uno de los países en la región que gozaba de una macroeconomía estable. Incluso en 2019, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) tuvo la tasa de crecimiento más baja de la última década (2,16%), el panorama era optimista. Pero a raíz de la aparición de la COVID-19, la economía peruana cayó 30.2% en el segundo trimestre del 2020. Y según el último reporte del INEI, retrocedió 6.95% en septiembre.

Tanto la pandemia como la reciente crisis política pusieron nuevamente en debate la posibilidad de una reforma estructural en el capítulo económico de la Constitución. El actual marco constitucional que rige desde 1993 impulsa la inversión privada, las exportaciones y la integración comercial a diversos mercados en el mundo. Sin embargo, las cifras macroeconómicas no necesariamente se reflejan en los bolsillos de los peruanos.

“La estabilidad macroeconómica es fundamental pero insuficiente. Se requieren políticas públicas y estabilidad política. Creo que los problemas del Perú están más en la gestión que en el marco constitucional. La pandemia ha desnudado carencias en los servicios públicos y eso no es a causa del texto constitucional, sino de la ausencia de políticas públicas eficientes en estas áreas”, señaló la abogada constitucionalista Milagros Campos.

Analistas coinciden en que el gran cambio del modelo económico de la Constitución del 93 es el principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, el hecho de que el Estado esté impedido de desarrollar actividades empresariales a menos que sea estrictamente necesario. El constitucionalista Luciano López recuerda que en el pasado algunos gobiernos que tuvieron a su cargo empresas estatales presentaron fugas de dinero e inversiones irracionales y politizadas.

El exministro de Economía asegura que todas las
El exministro de Economía asegura que todas las "políticas transformativas" en materia económica de los últimos años se han dado al amparo de la Constitución. | Fuente: Andina

“No soy partidario de cambiar una economía de mercado, pero sí creo que se ha dejado demasiado suelta la labor del Estado en ciertas situaciones de emergencia. La pandemia ha mostrado que aquello que está a cargo del privado pareciera ser sacrosanto y se ha discutido que el Estado no puede fijar precios en esta situación. Me refiero a las pensiones escolares, los medicamentos y las atenciones hospitalarias”, explica López.

LA CONSTITUCIÓN Y EL PODER

Indicadores económicos como la inflación (1,9%) y la reducción de la pobreza (20,2%) no han sufrido mayores variaciones en los últimos diez años, efecto de un crecimiento económico firme hasta antes del 2020. Al respecto, el exministro de Economía Alonso Segura destaca que “tenemos estabilidad cambiaria. Un tipo de cambio que fluctúa relativamente poco, ciertamente mucho menos que los tipos de cambio de otros países de la región”.

El economista considera además que es importante mantener los principios consagrados en el título económico de la Constitución, como un Banco Central independiente, el respeto a la propiedad privada y la invariabilidad de los contratos.

“En general, si pensamos en las políticas transformativas [económicas] de los últimos años, se han dado al amparo de la Constitución. Lo que hay que pensar es en políticas que tengan al peruano en el centro de las decisiones y no en los intereses de grupos específicos. No debemos confundir la discusión y pensar que se necesita un cambio constitucional para poder realizar esos cambios. El problema no ha sido la Constitución sino el poder”, agrega.

Segura explica que la Constitución impacta en todos los aspectos de la vida de los peruanos porque es el marco bajo el cual se desarrollan las actividades económicas del país. “Los países que han logrado mejores estándares de bienestar para sus ciudadanos no cambian constituciones con frecuencia y en función de cómo soplan los vientos políticos”.

Toda Constitución es perfectible, pero es necesario contar con un diagnóstico certero y propuestas basadas en evidencia para reformar el régimen económico. Una Constitución al fin y al cabo debe responder a las demandas de la población. Un aspecto que debemos tener presente en las próximas Elecciones 2021.