Elecciones 2021: El problema de la informalidad laboral y los retos del próximo presidente del Perú

En el Perú, de 4 trabajadores 3 se encuentra en un régimen informal, esto significa que los beneficios laborales del trabajador y la protección de sus derechos no son respetados por las empresas que los contratan. ¿A qué se debe esta cifra tan alta? y ¿Qué esperar de nuestros candidatos en esta campaña? Especialistas comentan.

Informalidad
Alrededor del 90 por ciento de empresas en el Perú son pequeñas y medianas (PYMES). | Fuente: Andina

Las causas del crecimiento constante de la informalidad laboral se explican por 2 razones, en la opinión de Pablo Lavado, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, tiene que ver, entre otras cosas, con nuestra productividad en el trabajo. Este problema inicia desde el desarrollo infantil temprano con la anemia que en el 2019 llegó al 40% a nivel nacional. Si un niño sufre de anemia en sus 3 primeros años, será menos productivo, ganará un salario menor y tendrá un empleo de menor calidad.

Por su parte, Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), indica que nuestro servicio educativo impacta directamente en nuestro desempeño, incluso frente a otros países. “Hay un claro desbalance entre lo que genera nuestra oferta formativa (educación básica regular, superior y técnico productiva) y lo que necesitan las empresas. Nuestra productividad laboral se encuentra por debajo del promedio latinoamericano".

Del Carpio Ponce continúa: "Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), un trabajador chileno es 2 veces más productivo que un peruano. Según la evaluación de competencias de adultos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estamos en clara desventaja en términos de comprensión lectora, cálculo y uso de herramientas digitales. Hay mucho trabajo pendiente, tanto por el lado de la formación de nuestros estudiantes, como de la capacitación y mejora continua de nuestra oferta laboral”.

Pablo Lavado, en tanto, conecta el problema de la productividad para generar ingresos en las empresas con un complejo sistema laboral, tributario y financiero que los empresarios deben enfrentar en un ecosistema empresarial compuesto en su mayoría por microempresas que no superan las 150 unidades impositivas tributarias (UIT) en ventas al año.

Se calcula que los costos de contratar formalmente a un trabajador, para una PYME, son un 67% más altos que el promedio latinoamericano.
Se calcula que los costos de contratar formalmente a un trabajador, para una PYME, son un 67% más altos que el promedio latinoamericano. | Fuente: Andina

“En la excesiva y poca regulación laboral, tenemos una legislación laboral de más de 1500 páginas que aplica para grandes, medianas, pequeñas empresas y microempresas; que es muy costosa de cumplir y de fiscalizar, eso hace que haya un incentivo a no cumplir esta relación formal legal entre empleado y empleador”, señala Lavado. 

Ante esto, el abogado laboralista Jorge Toyama propone la creación de una ley única de trabajo que simplifique el sistema laboral tomando en cuenta que, “hay leyes, reglamentos, derogatorias, texto único ordenado. Las vacaciones están en una ley, gratificaciones en otra. Así como hay código penal y civil, un solo código donde estén todas las normas laborales. Algo de simplificación, que no supone ni rigidez ni flexibilidad”.

Otro aspecto que señala Lavado es la complejidad del sistema tributario con regímenes diversos que facilitan la atomización de las empresas. “Por eso es que un 85% a 90% de empresas son microempresas. Lo que tenemos son muchas microempresas, algo de empresas grandes y casi nada de pequeñas y medianas”, sentenció.

Otro factor tiene que ver con los costos que se suman a la remuneración mensual (Compensación por Tiempo de Servicios, seguro social, vacaciones, gratificación, indemnización por despido, entre otros). “Se calcula que más o menos el 67% son costos (que van) más allá de la remuneración y esto está por encima del promedio latinoamericano. Esto encarece la contratación de trabajadores”, finalizó.

LAS SOLUCIONES: ¿A QUÉ DEBEN APUNTAR LOS CANDIDATOS?

Entre los beneficios determinantes del empleo formal se encuentran el acceso a la protección social, que se concreta a través de EsSalud y de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), el acceso al sistema previsional en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el sistema privado de pensiones, y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) generada a través de los meses de aporte de las empresas a una cuenta privada que es liberada para el trabajador cuando deja de laborar en la empresa.

Jorge Toyama considera que estos sistemas deben ser reformados de manera conjunta. “Hace años la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)... casi todos coinciden en que debe haber en el sistema de seguridad en salud y pensiones una cuota mínima obligatoria, una suerte de 'Pensión 65' y Seguro Integral de Salud (SIS) para la atención médica”. 

Toyama explica que este sistema debería ser contributivo, con aportes de la empresa y el trabajador, y con un porcentaje de pago solidario para quienes contraten por sistemas más costosos, orientado a ayudar al sistema en general".

Por su parte, Pablo Lavado sugiere que la protección social del trabajador sea desvinculada de la relación laboral, pero que debería estar ligada a una política de universalización del sistema de salud al que puedan acceder todos los peruanos no asegurados. “Esto mismo se puede hacer con la protección ante el desempleo, que es la CTS. Podría haber un seguro de desempleo administrado por el Estado, aquí el reto sería cómo hacer para proteger al independiente cuando enfrenta pérdidas en su negocio. Y lo último sería tener una pensión (de jubilación) que debería caminar a ser independiente de la relación laboral y financiada por los impuestos que todos deberíamos pagar”.

Como se puede ver, combatir la informalidad implica realizar cambios sustanciales en muchas otras dimensiones del Estado. Las propuestas deben ser sobre cambios estructurales y no simples promesas de campaña, para así asegurar una reducción sostenible y efectiva de este problema.