Recientemente se ha puesto sobre el tapete la importancia de mejorar la calidad de nuestra educación y el reto de hacer fiscalmente viable el salto en inversión educativa. Esta importante reforma, así como otras que permitan apuntalar nuevos motores de crecimiento, justifican evaluar si nuestro sistema generador de recaudación se encuentra a la altura de dicho reto y si lo está logrando al menor costo posible.
El sistema tributario en el Perú (política y administración tributaria) tiene vigente casi 30 años sin variaciones significativas o de fondo. En los 90s, el sistema tributario sufrió una reforma sustancial debido a que la lección post-hiperinflación fue que si se deseaba gastar se debía recaudar. Por ello era necesario reestructurar la forma de generar mayor recaudación para sostener el remodelamiento de la economía destruida por la hiperinflación y la recesión. Sin embargo, una vez lograda la estabilidad macrofiscal, en ningún momento se volvió a evaluar si era necesario ajustar el sistema tributario ante nuevos objetivos de mediano y largo plazo, de mayor calidad de crecimiento.
A inicios del siglo 21, con un contexto externo favorable, el aumento del precio de los minerales favoreció grandemente nuestra recaudación tributaria, logrando incluso niveles nunca vistos de superávit fiscal convencional (aunque déficit estructural) e hizo perder de vista que el sistema tributario es un instrumento para lograr otros fines y debe someterse a éstos. Una vez retirados los estímulos externos y realizados diversos ajustes tributarios parciales, la política tributaria empezó a mostrar una debilitada capacidad de mantener la presión tributaria de la bonanza. A esto se sumó la proliferación de tratamientos tributarios especiales con fines de “promoción” de inversiones, pérdida de recaudación, distorsión de la asignación de la inversión y la aparición de mecanismos de evasión para su mal aprovechamiento, reforzando la inequidad del sistema.
A la fecha el MEF sabe que hay gasto tributario improductivo, así como regímenes tributarios, que distorsionan las decisiones productivas en contra del crecimiento de las empresas. A esto se suma los altos niveles de incumplimiento tributario del IGV (36%) y del Impuesto a la Renta (58%). El MEF no parece saber cómo "ampliar la base tributaria" así como cuánto de este incumplimiento es un tema de política o diseño tributario (MEF) y cuánto de administración tributaria (SUNAT).
El Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 ya advertía de la necesidad de reestructurar el sistema tributario para permitir financiar reformas estructurales necesarias con mayores ingresos fiscales permanentes. Sin embargo, el gobierno de PPK tuvo una buena excusa para eliminar la regla del balance estructural que permitía resaltar la importancia de aumentar la base tributaria sostenidamente, despreocupándose de mejorar la calidad de la recaudación.
¿Cuándo va a informar el MEF del resultado de una evaluación comprensiva del sistema tributario y proponer su redefinición consistente con fines como mayor competitividad y productividad, promoción costo-efectiva de la inversión (racionalizar la maraña de regímenes especiales vigentes) así como favorecer la equidad y propiciar la tan necesaria cohesión social?
Cada día que pasa, nuestra economía soporta el costo de un sistema tributario debilitado que restringe la capacidad de cerrar las brechas sociales básicas e impide impulsar el crecimiento hacia una senda de desarrollo con mayor equidad. Cabe mencionar que el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo también disminuyó la probabilidad de implementar las transformaciones tributarias que las próximas generaciones merecen.
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