Elecciones 2021: ¿Qué dicen los planes de gobierno de Perú Libre y Fuerza Popular sobre el cambio de Constitución?

El plan de gobierno de Perú Libre presentado para las Elecciones 2021 considera que la Constitución vigente es de carácter individualista, porque no promueve la solidaridad como valor social, y mercantilista, porque todo se rige bajo las leyes de la oferta y la demanda, limitando la regulación por parte del Estado. Por ello, el partido del candidato Pedro Castillo plantea convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna con enfoque humanista y nacionalista.

“La Constitución de 1993 fue impuesta tras un golpe de Estado, promovido por el gran empresariado nacional y transnacional (…) Tras veintisiete años de vigencia, este modelo neoliberal demostró su incapacidad para resolver las necesidades de las clases mayoritarias del país”, señala el documento de Perú Libre, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El analista político Luis Benavente sostiene que es un error centrar el debate solo en el posible cambio de la Carta Magna, pues existen problemas urgentes en relación a la pandemia que requieren propuestas reales y viables.

“Un cambio de Constitución haría que la agenda política se vuelque fundamentalmente hacia una [posible] Asamblea Constituyente y quede de lado la discusión sobre temas centrales como salud, saneamiento, empleo, inversiones, seguridad ciudadana. Todo pasaría a un segundo plano y creo que el Perú tiene otras prioridades en este momento”, indica Benavente.

El programa de gobierno del candidato Pedro Castillo propone, a través de una nueva Carta Magna, establecer la función reguladora e intervencionista del Estado en el ámbito económico para “garantizar” el desarrollo de todos los peruanos. Indica que las normas vigentes han generado que el Estado se desligue de su responsabilidad protectora, y "tercerice o privatice" la salud, la educación y la seguridad.

Para la politóloga Paula Távara es importante reconocer la demanda legítima de aquella población que no se siente representada y protegida por “la columna vertebral” de las leyes en el país, como lo es la Constitución.

“Las constituciones se establecen con una vocación de permanencia, sin embargo, también es necesario que las normas que rijan una sociedad respondan a las necesidades de esta. La actual constitución ha sido responsable del crecimiento económico que ha tenido el país, pero al mismo tiempo parece no haber sido lo suficientemente protectora de algunos derechos”, explica Távara.

La defensa de la Constitución del 93

Por su parte, el partido de Keiko Fujimori califica a la Carta Magna del 93 como “la Constitución de la prosperidad”, porque frente a la crisis económica y de seguridad que se vivía en los años noventa, permitió generar más empleo, impulsar la atracción de más inversiones y “rescatar al Perú de las garras del terrorismo”.

Sin embargo, el fujimorismo reconoce en su plan de gobierno que existen varias brechas sociales, pero responsabiliza a los gobiernos de las últimas décadas de no aplicar adecuadamente la Constitución, lo que ha provocado “un desarrollo claramente desigual en la población del país”.

En esa línea, Fuerza Popular cree que es necesario reformar el capítulo político. Por ejemplo, plantea limitar el pedido de cuestión de confianza, delimitar el ámbito para la causal de la vacancia y la censura a un ministro, renovar por mitades el congreso y bajar la edad mínima para ser congresista a 20 años.

La politóloga Kathy Zegarra manifiesta que es importante establecer mejores parámetros sobre la aplicación de las reglas del control político del Legislativo y las potestades del Ejecutivo, “porque en los últimos años hemos vivido un alto nivel de ingobernabilidad”.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Franco García no es recomendable reducir la edad para ejercer la labor congresal debido a que “se requiere madurez profesional”. Así como señala que sería “infructuoso” limitar las facultades del Ejecutivo.

A su turno, la analista Paula Távara sostiene que “las reformas propuestas por Keiko Fujimori no necesariamente responden a aquellos temas que son las preocupaciones de la ciudadanía, que tienen que ver con reformas del modelo económico y mecanismos de redistribución de la riqueza. Es importante recordar que la gobernabilidad requiere ajustes, pero no hay que olvidar que el descontento social también puede afectar la estabilidad del país. Y estas medidas no abordan dicho descontento”.

Los caminos legítimos para el cambio de Constitución

Algunos expertos coinciden en que la decisión de una reforma total o parcial de la Constitución no se puede ceñir a un plan de gobierno debido a que estas modificaciones solo pueden ser aprobadas bajo el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Al respecto, el constitucionalista Franco García explica que “para reformar la Constitución parcial o totalmente, se requiere sesenta y seis votos de congresistas más un referéndum. El otro camino son dos votaciones de ochenta y siete votos conformes en dos legislaturas ordinarias y sucesivas. En un Congreso fragmentado como este será muy complicado. No hay otra forma de pretender una Asamblea Constituyente. Otro camino sería un golpe de Estado”.

Por el contrario, la constitucionalista Beatriz Ramírez explica que no es necesario pasar por la aprobación del Pleno del Congreso para la creación de una nueva Carta Magna y añade que este cambio puede realizarse a través de un referéndum convocado por el Ejecutivo.

“Toda sociedad tiene derecho de crear su propia Constitución. El gobierno deberá hacer mínimamente una convocatoria a dos referéndums, el primero para consultar si quieren que haya una nueva Constitución y el segundo para aprobar el documento”, dice Ramírez.

El debate por una nueva Constitución podría tardar varios meses y nunca concretarse. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori deberán evaluar sus propuestas de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.