La Constitución que rescató al Perú, por Keiko Fujimori

Concluida la década de los 80’s, el Perú se encontraba en una situación sumamente dramática. Una hiperinflación acumulada de más del 7,400%, un territorio controlado casi en 2/3 partes por el terrorismo, una deuda externa de más de 25 mil millones de dólares y conflictos limítrofes con países vecinos, mostraban a nuestra nación al borde del colapso total.

Es en un escenario como el descrito que, el Gobierno de Alberto Fujimori toma la decisión de desarrollar una nueva Constitución que permita rescatar al país, marcando la pauta para reconstruirlo económicamente y asegurar una paz para los peruanos.  

27 años después de que el Congreso Constituyente Democrático, compuesto por distintas fuerzas políticas, aprobara con un altísimo consenso sus votaciones y que haya sido ratificada por el pueblo peruano a través de un referéndum, los resultados hablan por sí solos. Bastará advertir que entre 1993 y el 2018, el modelo logró hacer crecer el Producto Bruto Interno (PBI) en un promedio de 4,9% anual, uno de los más altos de la región; o que dicho  crecimiento permitió reducir la pobreza de 55% en el año 90 a cerca del 20% en el 2018.

Estamos convencidos que el Perú no necesita una nueva Constitución. Lo que requiere es implementarla a cabalidad, con mano dura, logrando con ello una gestión pública eficaz, eficiente y trascendente en servicio de todos los peruanos.

Nuestra Constitución, estableció un modelo económico y social distinto a sus anteriores. Estableció una economía social de mercado, que promoviera que la competencia y la satisfacción de los consumidores fueran los jueces del éxito de las empresas, y no una decisión del Estado a través de la protección y privilegios de sectores económicos elegidos. Asimismo, reconoció los derechos de todos los peruanos a la salud, la educación y la protección, permitiendo con ello la creación de exitosos programas sociales que llevaron mecanismos de compensación económica y servicios a millones de peruanos de escasos recursos.

Si bien es cierto, a partir de 2014 se ha registrado una paulatina desaceleración del crecimiento, esto responde a una inadecuada aplicación de nuestra Constitución, donde se ha sobre regulado las actividades económicas, en especial, de las micro y pequeñas empresas, se ha mal gastado los recursos en obras sobrevaluadas y se ha privilegiado el aumento desmedido de la burocracia estatal producto de una fallida descentralización. Toda esta situación, hoy agudizada por la pandemia es responsabilidad de los gobernantes quienes no han podido cumplir con el pueblo, a pesar de haber tenido a su disposición el marco constitucional que les permitía hacerlo.

Ahora bien, sin dejar de reconocer los grandes logros obtenidos gracias a la Constitución de 1993, somos conscientes que el modelo requiere de ajustes que deben fortalecer los principios de esta; en donde prime la separación de poderes, el control y equilibrio entre ellos, pero también la colaboración entre los mismos. Por ello proponemos algunas reformas políticas constitucionales en nuestro Plan Rescate 2021: (i) Determinar el ámbito específico en el que puede ser invocada la causal de vacancia por incapacidad moral permanente; (ii) Garantizar el uso adecuado de la cuestión de confianza como mecanismo de control político; (iii) y esclarecer las consecuencias producto de la aprobación de una moción de censura a un ministro o a todo el gabinete en pleno; entre otros.

El Perú tiene cimientos sólidos y están en la Constitución de 1993. Algunos han intentado destruirlos, pero su solidez se los ha impedido. Es tiempo de reconstruir sobre dichos cimientos una sociedad donde se premie el esfuerzo, pero se reconozcan las diferencias; donde vivamos en armonía entre nosotros, pero también con nuestras comunidades y el ambiente; donde se promueva el crecimiento económico, pero se garantice la igualdad de oportunidades. Sólo así todos los peruanos podremos salir adelante.