Segunda vuelta regional: 12 de los 18 candidatos a gobernadores regionales acumulan 121 casos penales

Nueve regiones del país irán a segunda vuelta electoral para elegir a su próximo gobernador. Sin embargo, 12 de los 18 candidatos que llegaron a esta etapa del proceso registran 121 casos penales, advirtió Eduardo Herrera, director de la asociación civil Kuskachay. En entrevista con Ampliación de Noticias, informó que muchos de ellos son por delitos de corrupción, peculado, negociación incompatible o violencia familiar.

El especialista reveló también que Rosa Vásquez, candidata al gobierno regional de Lima Provincias, acumula 35 investigaciones y una sentencia por libramiento indebido. Ella compite en la contienda con José Bautista, del movimiento Patria Joven, quien - a la fecha - no tiene investigaciones.

Herrera recordó también el caso de Jaime Rodríguez, candidato a la región Moquegua, quien admitió en 2014 haber robado dinero "en carretilla". “En un país donde todos son corruptos, él dice ‘yo robo poco’. Entonces, conviene votar por mí. Ese es el nivel en el que hemos estado desde hace muchos años en la política”, afirmó. Según dijo, el aspirante de la agrupación Kausachun cuenta, en total, con 21 casos penales.

El director de Kuskachay consideró que existe una “responsabilidad compartida” entre los ciudadanos y los partidos políticos para llegar a este tipo de oferta electoral. “Es muy fácil filtrar. Los partidos lo pueden hacer, (pero) no quieren hacerlo porque la población no exige cambios”, señaló.

Consultado sobre la situación de las regiones que reciben recursos del canon minero, Herrera indicó que las empresas dedicadas a esta actividad deberían "estar pendientes” del manejo que le dan sus gobernantes. “La actividad extractiva genera un recurso determinado que va al Estado y este lo gasta mal. ¿Qué piensa la población? Que los impuestos no llegan o que las regalías no son pagadas. Y, en realidad, lo que pasa es que el dinero se pierde en corrupción o ineficiencia”, cuestionó.

Asimismo, cuestionó la labor de la Contraloría en estos casos, pues asegura que la institución “no sabe distinguir entre ineficiencia y corrupción”. “Lo que está pasando, en muchos casos, es que los funcionarios se paralizan y dicen ‘yo no firmo nada porque después me procesan’. Esa falta de discernimiento lleva a que los funcionarios tengan temor”, apuntó.