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En el Perú, las personas con discapacidad son más de tres millones de ciudadanos que no se encuentran debidamente representados a nivel político. Las cifras de autoridades elegidas con esta condición, en puestos ejecutivos en el Estado, son bajas.
Elecciones
¿Cómo promover y mejorar la participación en política de las personas con discapacidad?
De acuerdo con último Censo Nacional 2017, en el Perú existen 3 millones 209 mil 261 personas que presentan alguna dificultad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias.
Las personas con discapacidad son un grupo que se encuentra en permanente lucha por lograr sus derechos para alcanzar desarrollo como cualquier ciudadano. Uno de esos derechos es lograr a plenitud acceder a la participación política y tener mayor representación partidaria. Y es que las cifras revelan la baja presencia de personas con discapacidad en el ambiente político.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en los comicios Generales 2021, de un total de 2,518 candidaturas sólo 30 fueron de personas con discapacidad lo que equivale a un 1.1% de participación. No obstante, pese a que en dichas elecciones la mayoría de estas candidaturas con discapacidad habían postulado en elecciones anteriores, solo cuatro de ellas contaban con experiencia en cargos de representación.
Para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 el panorama fue similar. Participaron un total de 615 candidaturas de personas con discapacidad de un total de 72,422 candidaturas inscritas. Las autoridades electas en representación de este grupo poblacional fueron 121, cifra que se traduce en un 0.17% del total de inscritos.
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Barreras en contra de la participación
El documento “Participación Política de Personas con Discapacidad” elaborado por el JNE en colaboración con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), identificó cuatro tipos de barreras por la forma en que afectan a las personas con discapacidad.
En primer lugar, las barreras físicas, obstáculos propios de los espacios de uso público, edificaciones, transportes, entre otros; no pensados para integrar a estas personas y que dificultan que puedan movilizarse.
Sobre este aspecto, Luz Vilchez, coordinadora de la Mesa de Discapacidad y Derechos quien en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 postuló al cargo de regidora en el distrito de Ate, vivió la experiencia de comprobar que la campaña política no está pensada para incluir a personas con discapacidad motriz como es su caso.
"Si una persona con discapacidad quisiera hacer campaña le sería muy costoso porque su único medio de transporte es el taxi. Yo tuve la oportunidad de postular para regidora y fue para mi bastante difícil poder ir a los mítines. El personal que organizaba los actos políticos se preguntaba: ¿pero ella cómo va a subir al estrado, ¿cómo va a subir a los cerros? como si yo no fuera una buena opción", recuerda.
Luz Vílchez señala que el candidato líder de la plancha política que integró tenía identificación con la condición de las personas con discapacidad porque, a su vez, tenía a un familiar muy cercano con discapacidad. “Yo me pude dar cuenta que él me consideró por convicción, me ayudó mucho a seguir en carrera porque me incluía en todo momento, pero eso sucede muy poco en candidatos y dirigentes políticos”, señaló.
Existen también las barreras actitudinales (prejuicios, estigmas y estereotipos). Las barreras comunicacionales también son una dificultad, por ejemplo, los mensajes audiovisuales en campaña olvidan el componente de inclusión para las personas con discapacidad auditiva o visual.
También, hay barreras provenientes de las propias instituciones públicas, es decir, cuando desde ellas se promulgan reglas, normas, políticas o procesos incompletos o tardíos. Un ejemplo de esto es que recién en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 se aprobó y aplicó el protocolo de atención para que las personas con discapacidad puedan ejercer su voto, así como la implementación de cabinas especiales para este fin.
Ley de cuotas para las personas con discapacidad
A la fecha, no existe una ley que exija a los partidos políticos o a los movimientos regionales a incluir en sus filas a cierto número de peruanos con discapacidad. Esto hace que tengan pocas oportunidades de llegar a cargos de elección popular, sostiene Jhon Reynaga, excongresista entre 2011 y 2016 que se movilizaba en el Parlamento con silla de ruedas.
"Así como existe la cuota de jóvenes o de mujeres con legítimo derecho a la paridad, también, como en otros países, necesitamos de una ley que obligue a estos partidos políticos a tener una cuota electoral para personas con discapacidad", aseguró.
Sobre este punto, Víctor Vargas, ex director de Fiscalización del CONADIS, indicó que los partidos políticos aún no toman conciencia de la importancia y necesidad de incluir de forma decidida a las personas con discapacidad, por ello, la exigencia de cuotas se torna necesaria.
“Para nosotros resulta fundamental llegar a estos espacios de participación a nivel local, regional y nacional. Hasta ahora no tenemos el referente de una persona con discapacidad que haya alcanzado un cargo a nivel ejecutivo y, aunque se han logrado avances a nivel congresal, aún no tenemos esa gran trascendencia que merecemos”, afirmó.
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Con una mayor presencia de personas con discapacidad en cargos públicos, los presupuestos, obras, leyes y servicios en el Perú podrían ser pensados tomando en cuenta las necesidades de este grupo poblacional, mejorando su calidad de vida.
Las mejoras del Estado para que personas con discapacidad accedan a sus derechos cívicos son lentos. Por ejemplo, recién en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 se habilitaron las plantillas braille para personas invidentes. Al respecto, Víctor Vargas, señaló: "Para nuestro colectivo, el tener representación legítima y directa en los diferentes espacios de toma de decisiones resulta fundamental y esto está plasmado así en la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde la sociedad y el Estado debe proporcionar las condiciones, la igualdad de oportunidades para la participación política".
Las Elecciones Generales del 2026 serán una oportunidad para comprobar si los partidos en campaña incluirán o no en sus planes de gobierno las necesidades de las personas con discapacidad y, más aún, si las considerarán entre sus candidaturas.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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