Por ley los gobiernos regionales deben destinar el 1% de su presupuesto institucional para atender y mejorar los servicios para las personas con discapacidad que, en el Perú, superan el 10% de la población. Según información del Conadis a la que accedió RPP Data, el dinero invertido se estaría destinando a contratar personal o a donaciones de víveres que no cumplen con los objetivos de la Política Nacional para las Personas con Discapacidad.
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Día Nacional de las Personas con Discapacidad: ¿Cómo están usando el presupuesto los gobiernos regionales?
En el Perú existen un poco más de 3 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física o motora, sensorial (visual), intelectual o mental, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De ese total, el 80% requiere algún tipo de asistencia para realizar sus actividades cotidianas; sin embargo, la mitad no cuenta con ese apoyo, indica el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Por ley, los gobiernos regionales y municipales deben destinar el 1% de su presupuesto institucional para la atención y mejora de servicios para esta población y están obligados a remitir el detalle de lo que están gastando ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Sin embargo, según información que RPP Data solicitó a esta entidad, desde el 2021 hasta el 2023 solo la mitad de gobiernos ha rendido cuentas sobre sus gastos y el presupuesto no se ha utilizado de forma adecuada.
Jhon Reynaga, ingeniero civil y exparlamentario con discapacidad física, explica que las personas con discapacidad tienen necesidades distintas a la ciudadanía en materia laboral, deportiva, social o de educación; sin embargo, los tres niveles de gobierno [regionales, municipales y central] no están priorizando atender estas demandas.
"Tenemos un sector marginado con algún tipo de discapacidad que también debe ser atendido al interior del país y existe una norma jurídica con tratados internacionales que obligan al Estado peruano a hacerlo, pero no [se está logrando]. Si no tienen ese enfoque de inclusión social no se pueden ejecutar los programas y mucho menos el presupuesto", comenta.
Contratación excesiva de personal y donaciones de víveres
En el 2021 solo 14 gobiernos regionales cumplieron con enviar información al Conadis sobre sus gastos en materia de discapacidad. Esta cifra fue la misma en el 2022, mientras que en el 2023 aumentó a 16 regiones, informa la entidad. Sin embargo, se ha encontrado que el gasto que realizaron es menor al 1% que deben cumplir por ley, comenta Rocksana Ramírez, vocera del Conadis.
"El objetivo de este recurso es brindar los servicios a las personas con discapacidad, pero no se está viendo eso. No se está cumpliendo con la finalidad para lo cual fue creado y, con la forma en la que se está utilizando el dinero, definitivamente no vamos a lograr cerrar brechas al 2030, que es la aspiración de la Política Nacional para las personas con discapacidad", explica.
El Conadis advierte que, en estos últimos tres años, más del 50% de presupuesto asignado a los gobiernos regionales para los temas de discapacidad se ha destinado al "pago de personal CAS, contratación de servicios profesionales, contratación de personal por locación de servicios y viáticos".
Ramírez afirma que estas contrataciones "son excesivas" ya que no existe un equilibrio entre la cantidad de personas que han contratado y las actividades que realizan. "Si yo contrato a un determinado profesional es para que brinde un servicio y atienda a las personas con discapacidad o a la familia de estas personas; sin embargo, en el reporte que me presentan los gobiernos regionales no detallan la cantidad de personas a quienes ha llegado este servicio o este profesional", señala la representante del Conadis.
Los gobiernos que más dinero han destinado en la contratación de personal son el Gobierno Regional del Callao con 1.8 millones de soles; Gobierno Regional de Ayacucho con 115 mil soles y el Gobierno Regional de Apurímac con 98 mil soles, según la entidad gubernamental.
John Reynaga, activista con discapacidad física, opina que tanto municipios como gobiernos regionales "por devolver favores políticos de campaña premian a personas que no tienen el compromiso para servir a las personas con discapacidad, y les dan viáticos, pasantías, viajes e, incluso, adecúan su perfil para que puedan ingresar a laborar [a la entidad]".
Por otro lado, también se identificó que se ha utilizado el dinero para adquirir víveres para su posterior donación o para la realización de agasajos en festividades como el 16 de octubre que se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, "medidas que no están contempladas en la norma vigente", según el Conadis. Ese es el caso del gobierno regional del Callao que ha destinado 86 mil soles para la categoría de 'alimentos y bebidas para consumo humano'.
Rol de los gobiernos regionales para las personas con discapacidad
Los gobiernos regionales se deben encargar de la formulación, planificación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de los programas en materia de discapacidad y para ello deben promover la aprobación y el uso del presupuesto regional, explica la profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño.
"Los gobiernos regionales, además, cuentan con las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad, llamadas OREDIS. Por lo tanto, deben presupuestar los recursos para que funcione de forma adecuada y se implementen las políticas [para este grupo de la población]", detalla.
Sin embargo, lo que se evidencia es que suele ser más atractivo para una autoridad regional implementar medidas más "populistas" como realizar obras de infraestructura vistosas "antes que atender a una población que aún se encuentra marginada por la sociedad", apunta Gaviño.
Para Pamela Smith, abogada y directora de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), existe un problema de información y de falta de lineamientos claros sobre cómo ejecutar este presupuesto y a dónde orientarlo. "Es necesario que se brinde [más] asistencia técnica [a los gobiernos subnacionales] y se involucre activamente a organizaciones de personas con discapacidad en este proceso. Si más del 50% del dinero se emplea en pago de personal es un indicador de que la inversión en proyectos de infraestructura es limitada", comenta.
Desde Conadis afirman que no solo se encargan de fiscalizar a las autoridades sino que también brindan asistencias técnicas a nivel nacional; sin embargo, "se ve mucho desinterés de parte de las autoridades".
Uno de los temas prioritarios que deben atender los gobiernos regionales es la identificación de la población con discapacidad, indica Pamela Smith. "¿Dónde están [las personas con discapacidad] ¿reciben servicios de salud? ¿van la escuela? Esta información es indispensable para caracterizar sus perfiles y sus necesidades. El tema de infraestructura es clave porque la falta de condiciones mínimas de accesibilidad impide que las personas salgan de sus hogares", menciona.
Otro de los puntos importantes a prestar atención es la asignación de presupuesto en materia de discapacidad para el 2025 que, según alerta Jhon Reynaga, ha disminuido y representa menos del 1% que, por ley, se debe destinar.
"Ese derecho lo ganamos desde el 2012 en la Ley de Presupuesto. Ahora en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso [que debe aprobarse a fines de noviembre] nos han reducido a un 0.30% de presupuesto en el caso de municipalidades, y en el caso de gobiernos regionales, han destinado el 0.22% y esto es insulso para el grueso de la población con discapacidad que existe en el país", advierte.
Si buscamos que el Perú sea realmente inclusivo es necesario que los tres niveles de gobierno, y que los ciudadanos, comprendan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad a diario y que se atiendan sus necesidades de forma eficiente.
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