¿Está preparado el Congreso para discutir reformas constitucionales? Esto opinan los expertos

En la primera mitad del año el Congreso de la República abordó, tras meses de silencio, la propuesta del retorno a la bicameralidad, una de las reformas constitucionales más comentadas en los últimos años por figuras políticas y expertos en la materia. La iniciativa no logró -por segunda vez con este Parlamento- llegar a los 87 votos necesarios para ser aprobada en primera votación, por lo que el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, presentó una reconsideración a fin de que el tema quedara en suspenso de nuevo.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa tiene dos caminos para ser aprobada por el Poder Legislativo. Uno de ellos, señala la ley peruana, es conseguir el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, el voto a favor de 66 congresistas en una legislatura y su ratificación vía referéndum por parte de la ciudadanía.

El segundo mecanismo omite este último paso (el referéndum), pero exige una votación calificada, es decir, el apoyo de 87 legisladores en una legislatura, y esta que sea refrendada en una segunda legislatura consecutiva por igual número de votos.

En ambos modelos, una reforma constitucional exige consensos por parte de las bancadas que integran el Congreso de la República, el cual -a la fecha- cuenta con un bajo nivel de aprobación por parte de la ciudadanía. La imagen mellada del Parlamento a raíz de escándalos y cuestionamientos genera incluso mayor desconfianza del ciudadano sobre el interés de los grupos políticos respecto a las modificaciones que se buscan plantear en la Constitución Política del Perú. Pese a ello, nos preguntamos, ¿está preparado el Parlamento para discutir reformas profundas?

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Reformas pendientes y un Congreso con baja aprobación

Al respecto, el experto en temas electorales Enzo Elguera considera que “es muy complejo” que el Congreso pueda establecer acuerdos debido no solo a una ausencia de madurez política, “sino por la falta de convergencia en los intereses de grupo que se mantiene”. Este aspecto -indica- acentúa aún más la carencia de legitimidad de este poder del Estado a vista del ciudadano de a pie.

“Evidentemente alcanzar la objetividad siempre va a ser difícil, pero hacer un consenso para tener una madurez política, un acuerdo pensando en no solamente en nuestra generación, sino en las generaciones venideras, harían que el Perú pueda tener definitivamente o no solamente una mejor representación, sino también inclusión, porque ese es el reclamo popular, sea que estemos en gobierno de izquierda o de derecha”, afirma.

Elguera señala que “toda reforma constitucional debe incluir a los no excluidos”, recoger las grandes necesidades de la población y “colocar a todos los peruanos con un mínimo indicador de calidad de vida”. “Ese es el gran reto de una reforma constitucional, ver más allá de sus propias narices”, agrega.

Por su parte, el politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, indica que, en el último debate en la que se tocó el tema se observó que “lejos de haber la construcción de un consenso, había hasta cierta desesperación” por parte de algunos grupos políticos, lo que no ayuda "a la imagen de este Congreso ya mellado".

Esta situación, sostiene, genera suspicacias por parte de la ciudadanía sobre el real interés de los parlamentarios en reformas como la bicameralidad y qué beneficios obtendrían de aplicar un cambio de este tipo en el país. Es por ello, que la propuesta -insiste Awapara- debe ir acompañada de un mensaje en que se explique a la población que no existe intereses personales detrás o gestos de desprendimiento por parte de políticos.

“La sensación o la suspicacia va a venir por el lado de qué buscan estos congresistas y empiezan a salir detalles que podrían ser válidos: pensar en la reelección cruzada (...) Se pierde un poco lo que se llama el norte más de un interés nacional. Inevitablemente un Congreso con 10% de aprobación va a generar sospecha, va a levantar suspicacias, más allá de que el proyecto o la reforma en sí pueda ser perfectamente válida”, recalca.