por Redacción RPP
·El coordinador nacional de fiscalías contra el crimen organizado advierte que la creación del nuevo subsistema especializado es inviable sin presupuesto adicional, pese al reciente paquete de decretos legislativos emitidos para combatir la inseguridad.
En el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República mediante la Ley N.° 32527, el Poder Ejecutivo emitió entre el 7 y el 14 de febrero de 2026 una serie de normativas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana.
Dentro de este paquete destacan medidas como la tipificación del suministro ilegal de telecomunicaciones en penales, el límite de siete líneas telefónicas por persona y la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos a través del Decreto Legislativo N.° 1735. Sin embargo, esta última disposición es cuestionada desde el Ministerio Público.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ha criticado duramente la operatividad de esta nueva estructura judicial. En declaraciones compartidas en un comunicado de prensa del Ministerio Público, el magistrado sostuvo que la norma no cuenta con un respaldo financiero real que permita su aplicación en el terreno operativo.
“Pretender que se creen y funcionen nuevas fiscalías especializadas sin una asignación económica específica, en la práctica, vuelve a la norma inejecutable”, cuestionó Chávez Cotrina.
Un paquete legislativo frente a la realidad presupuestaria
El Decreto Legislativo N.° 1735 establece que el nuevo subsistema debe integrarse de manera articulada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública. El objetivo es optimizar la persecución de delitos como el sicariato, el secuestro, la organización criminal y el marcaje, cuando estos se vinculen a actos de extorsión.
A pesar de la ambición de la propuesta, el artículo 11 del decreto estipula que su implementación debe financiarse con cargo al presupuesto institucional de cada pliego, sin aportes adicionales del Tesoro Público.
Esta disposición técnica es el punto central de la crítica de la fiscalía, ya que obliga a las instituciones a absorber los costos de nuevas unidades, personal especializado y tecnología con los mismos recursos que ya consideran insuficientes.
Para el fiscal Chávez Cotrina, esta omisión de fondos frescos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas condena la iniciativa al fracaso y genera una falsa percepción de seguridad en la opinión pública.
“Sin financiamiento, cualquier ampliación estructural resulta inviable y debilita la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales cada vez más violentas”, remarcó el fiscal superior.
Los riesgos de la implementación sin recursos
La controversia surge en una semana donde el Ejecutivo también oficializó otras normas críticas como el Decreto Legislativo N.° 1731, que independiza el delito de exigencia extorsiva, y el Decreto Legislativo N.° 1737, que restringe beneficios penitenciarios.
No obstante, Chávez Cotrina enfatiza que ninguna reforma legal será efectiva si los operadores de justicia no cuentan con los medios básicos para investigar bandas criminales que operan con altos niveles de violencia y recursos tecnológicos.
El coordinador nacional advirtió que el Ministerio Público ha enfrentado recortes presupuestarios recientes que ya afectan la operatividad de las fiscalías existentes. En ese sentido, señaló que la imposición de nuevas funciones sin una partida económica dedicada imposibilita la creación de las fiscalías provinciales y superiores especializadas que el propio decreto ordena instalar en los distritos judiciales.
“Este año, además, se nos ha recortado el presupuesto institucional. ¿Cómo vamos a asumir nuevas funciones si ni siquiera contamos con los recursos suficientes para la operatividad actual?”, cuestionó Chávez Cotrina.
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