por Redacción RPP
·José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, advirtió que las reuniones en Palacio con jóvenes que luego obtuvieron órdenes de servicio vulneran la ética pública.
La situación legal y ética del presidente José Jerí se mantiene bajo escrutinio tras las denuncias periodísticas que vinculan reuniones en Palacio de Gobierno con posteriores contratos estatales. Para el abogado y árbitro José Trelles, especialista en contrataciones con el Estado, los hechos analizados sugieren un patrón de irregularidades que compromete la integridad de la gestión pública.
En Las cosas como son de RPP TV, el experto fue enfático al señalar que habría indicios más que razonables de una influencia por parte del presidente de la República para la contratación de personas que formarían parte de su entorno.
El cuestionamiento técnico se centra en la opacidad de los procesos de selección de personal para cargos que, en teoría, deberían responder a criterios de competencia y necesidad institucional, señaló Trelles al analizar las investigaciones que involucran a cinco mujeres que visitaron Palacio de Gobierno.
La falta de transparencia en la designación de estos perfiles es una de las mayores debilidades detectadas en la defensa del Ejecutivo. Según el especialista, no basta con alegar que el procedimiento formal fue correcto, pues existen etapas previas de meritocracia y evaluación de necesidades que han sido omitidas o no han sido debidamente sustentadas ante la opinión pública y los entes de control.
"¿Cómo llegaron esas personas a formar parte de la indagación de mercado que requería el despacho presidencial para las contrataciones? No se ha informado. ¿Cómo es que las personas cumplen con el perfil de lo requerido? Tampoco se ha informado y tampoco se ha informado los términos de referencia", precisó el abogado, tras señalar que se desconocen los requisitos técnicos exigidos para dichos puestos.
El experto también puso énfasis en la vulneración de los protocolos administrativos y éticos que rigen la conducta de un mandatario. Argumenta que la participación directa de José Jerí en reuniones con potenciales locadores desnaturaliza las funciones de las oficinas de recursos humanos y podría configurar conductas indebidas según el marco normativo vigente para los funcionarios públicos.
"El mandatario no debería participar en reuniones previas con profesionales que van a realizar este tipo de actividades. Estas deberían haber sido llevadas por unidades de apoyo o de línea de la propia Presidencia de la República", sostuvo el especialista, en referencia a las visitas que en algunos casos se prolongaron por varias horas.
Órdenes de servicio para afiliados a Somos Perú
Asimismo, la problemática se extiende al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se han identificado órdenes de servicio otorgadas a afiliados al partido oficialista Somos Perú. Para Trelles, la ausencia de convocatorias abiertas y competitivas en estas carteras refuerza la tesis del favoritismo político por encima de la capacidad técnica necesaria para servir al Estado.
"Debería tener un banco de información y invitar a esas personas a esta convocatoria de manera transparente para que pudieran competir. Si esto no ha ocurrido, claramente ha habido un favoritismo", manifestó el abogado, al explicar que la afiliación partidaria no debe ser un privilegio para obtener cargos públicos.
Finalmente, el análisis técnico concluye que estas prácticas afectan la institucionalidad de la Presidencia de la República, convirtiendo un espacio de alta política en un centro de gestión de empleos para allegados.
Esta situación ha motivado que la Fiscalía y la Contraloría inicien diligencias para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
"Al interior de Palacio de Gobierno, la oficina principal ya no parece solo el espacio donde se toma decisiones de Estado, hoy pareciera haberse convertido en una ventanilla de favores laborales", sentenció José Trelles.
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